Cuestionan que la norma deje al Congreso y al Poder Judicial al margen de las exigencias de transparencia pasiva.

Cuando el proyecto de ley que garantiza el acceso a información en poder de la administración del Estado está en su último trámite parlamentario, comienza a aflorar la renuencia de los poderes públicos a hacer efectiva dicha garantía.

La iniciativa legal, hasta ahora, establece que los órganos de gobierno tienen la obligación de responder los requerimientos de información que le formulen los ciudadanos, pero el Congreso y el Poder Judicial han sido exceptuados de esa exigencia.

En Gran Bretaña hay un comisionado que vela para que los órganos estatales entreguen la información requerida por los ciudadanos. En Chile, dicha tarea quedará en manos de un Consejo para la Transparencia, nombrado entre Gobierno y Senado.

LONDRES.- Con bastante atraso, Chile está a pocos meses de pasar a engrosar la lista de setenta países que hasta ahora se han provisto de una legislación que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información en poder del Estado.

Se trata del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a Información, cuya génesis arranca de una moción parlamentaria presentada en enero de 2005 y que tras dos años y medio de tramitación en el Congreso está a punto de convertirse en ley.