Aparece nuevamente la polémica acerca de la suficiencia del presupuesto del Consejo para la Transparencia. La cuestión es esta: ¿quiere el gobierno un consejo que fiscalice efectivamente? La respuesta depende directamente de los fondos que se aporten en el presupuesto para el consejo.

La semana pasada se cumplieron seis meses desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Transparencia y de Acceso a la Información Pública, lo que constituye el primer paso de un largo camino por el que deberá transitar el sector público, para avanzar de la "cultura del secreto" a una "cultura de la transparencia".

En este período hay que destacar el importante rol que ha jugado el Consejo para la Transparencia para impulsar este cambio cultural en el sector público. Frente a la negativa inicial de muchos órganos, esta entidad autónoma ha sostenido la publicidad de información relevante desde el punto de vista del interés ciudadano, tales como calificaciones y remuneraciones del personal, campañas institucionales de publicidad, gastos efectuados en encuestas de opinión, criterios de decisión para la provisión de cargos públicos, etc. Ello constituye un gran avance. Sin embargo, el camino no ha sido -y no será- fácil.