Fuente: Diario Estrategia

La reciente publicación de la ley de transparencia y acceso a información pública constituye un avance significativo del Estado de Chile que profundiza los estándares de transparencia y el derecho de acceso a información pública. La legislación entrará en vigencia en abril del año 2009.

Si bien los efectos de la ley se radican fundamentalmente en la Administración del Estado, por ser una manifestación concreta del mandato contenido en el artículo 8 de la Constitución, la legislación extiende sus alcances a los otros poderes del Estado.

Modelada en las experiencias de trabajo voluntario (o pro bono) desarrolladas en comunidades legales más avanzadas -como la de Nueva York- en los últimos años la práctica del trabajo pro bono ha sido objeto de atención por parte de los diferentes sectores de la profesión legal en Latinoamérica. Mas aun, el trabajo pro bono del sector privado muestra resultados positivos concretos en diversas localidades tales como Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago. Estos resultados comprometen los esfuerzos de profesionales del derecho tanto de estudios de abogados, Universidades, Colegios de Abogados, ONGs y hasta del propio Estado.

Señor Director:

Está pronto a ser aprobado por el Congreso Nacional la ley de acceso a la información. Esta nueva normativa instaura un sistema integral de acceso a la información, imponiendo obligaciones de transparencia a todos los órganos del Estado. Elemento central de esa regulación es la creación del Consejo de la Transparencia como un órgano autónomo, con facultades fiscalizadoras y normativas, que asegure un efectivo derecho de acceso a la información.

Las competencias y funciones del Consejo son de naturaleza expansiva, progresiva y destinada a incluir a todos los órganos del Estado.

En sus fases finales de tramitación legislativa se encuentra en estudio de una Comisión Mixta de senadores y diputados el proyecto de ley que establece el estatuto de acceso a la información pública. Una de las mayores innovaciones del futuro estatuto radica en la creación del Consejo para la Transparencia, un nuevo órgano del Estado, de naturaleza autónoma e independiente, que será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública por parte de la Administración del Estado.

Las competencias y funciones del Consejo son de naturaleza expansiva, progresiva y destinada a incluir a todos los órganos del Estado.

En sus fases finales de tramitación legislativa se encuentra en estudio de una Comisión Mixta de senadores y diputados el proyecto de ley que establece el estatuto de acceso a la información pública. Una de las mayores innovaciones del futuro estatuto radica en la creación del Consejo para la Transparencia, un nuevo órgano del Estado, de naturaleza autónoma e independiente, que será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública por parte de la Administración del Estado.

Existe desconocimiento y escasa utilización particular y ciudadana del derecho de acceso a información pública, cuyo ejercicio, además, no es considerado en los programas de asesoría legal gratuita del Estado.

Se encuentra en el Congreso, en su etapa final de discusión, el proyecto de estatuto legal de acceso a información pública de la Administración del Estado. Su mayor innovación radica en la creación de un órgano particular de seguimiento y fiscalización de este derecho, denominado Consejo para la Promoción de la Transparencia. Siendo así, resulta oportuna una revisión de las medidas adoptadas, incluyendo los compromisos internacionales pendientes, con miras a preparar a la administración pública frente a los desafíos de la entrada en vigencia de la nueva regulación.

Existe desconocimiento y escasa utilización particular y ciudadana del derecho de acceso a información pública, cuyo ejercicio, además, no es considerado en los programas de asesoría legal gratuita del Estado.

Se encuentra en el Congreso, en su etapa final de discusión, el proyecto de estatuto legal de acceso a información pública de la Administración del Estado. Su mayor innovación radica en la creación de un órgano particular de seguimiento y fiscalización de este derecho, denominado Consejo para la Promoción de la Transparencia. Siendo así, resulta oportuna una revisión de las medidas adoptadas, incluyendo los compromisos internacionales pendientes, con miras a preparar a la administración pública frente a los desafíos de la entrada en vigencia de la nueva regulación.

Existe desconocimiento y escasa utilización particular y ciudadana del derecho de acceso a información pública, cuyo ejercicio, además, no es considerado en los programas de asesoría legal gratuita del Estado.

Se encuentra en el Congreso, en su etapa final de discusión, el proyecto de estatuto legal de acceso a información pública de la Administración del Estado. Su mayor innovación radica en la creación de un órgano particular de seguimiento y fiscalización de este derecho, denominado Consejo para la Promoción de la Transparencia. Siendo así, resulta oportuna una revisión de las medidas adoptadas, incluyendo los compromisos internacionales pendientes, con miras a preparar a la administración pública frente a los desafíos de la entrada en vigencia de la nueva regulación.

Prima una concepción del derecho de acceso a información pública entendido como un instrumento de la política pública de transparencia en desmedro de su carácter de derecho fundamental, lo que, por cierto, debe ser prontamente revisado y equilibrado.

Esta semana la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo de acceso a información pública de la votación de Chile en la elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conviene recordar la importancia del Consejo, que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra investido de facultades de monitoreo para todos los estados miembros de la Carta.

Prima una concepción del derecho de acceso a información pública entendido como un instrumento de la política pública de transparencia en desmedro de su carácter de derecho fundamental, lo que, por cierto, debe ser prontamente revisado y equilibrado.

Esta semana la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo de acceso a información pública de la votación de Chile en la elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conviene recordar la importancia del Consejo, que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra investido de facultades de monitoreo para todos los estados miembros de la Carta.