El proceso para designar a los miembros del Consejo para la Transparencia dejó clara la necesidad de modificar los actuales mecanismos.

EL PROCESO de elecciones de nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia ha llegado a su fin, y no de la manera más idónea. Desde su origen, el proceso de nominación de candidatos no se caracterizó por su transparencia, y la ausencia de mecanismos de participación fue la tónica. Estos constituían imperativos ineludibles para mantener la legitimidad y credibilidad de una institución vital para la democracia.

A partir de la salida del señor Samuel Donoso de la nómina enviada por el Ejecutivo al Senado, pareció abrirse un espacio para retomar el diálogo entre el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y la coalición de partidos de oposición para encontrar una fórmula de consenso que permitiera encontrar integrantes idóneos y con méritos comprobables para el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, esta fórmula presenta grandes dificultades, que pueden redundar en una dilación innecesaria para la integración de este importante órgano para la democracia del país.

"Hay que dejar en claro que no basta con la existencia de una ley que establezca la reserva, sino que es necesario que, en el caso concreto, la autoridad requerida exprese los motivos por los cuales se vería afectada la seguridad nacional".

• Fuente:  Revista AportesDPLF
• Fundación para el Debido Proceso Legal

Los cambios profundos no terminan con una ley, sino que parten con ella, a través de procesos de capacitación y sensibilización de los servidores públicos.

Hace algunas semanas, la Fundación para el Debido Proceso Legal efectuó un ejercicio de monitoreo en varios países de nuestra región, que buscaba identificar las dificultades de los ciudadanos para acceder a la información referida a las remuneraciones de Presidentes de la República y de Corte Suprema. La experiencia desarrollada en Chile evidenció que aún persisten importantes barreras prácticas para el acceso público a esta información, las que no detallo acá por estar suficientemente bien explicadas en otro apartado. Al respecto, creo necesario realizar algunos comentarios.

Fuente: CIPER CHILE

Señor Director:

El martes fue aprobado por parte de la cámara de Diputados el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello, se marca un hito histórico al integrarse Chile al circuito de países que cuentan con este tipo de estatutos, y al más selecto club de aquellos que cuentan, con un órgano especializado para proteger el derecho de los ciudadanos de acceder a la información, denominado Consejo para la Transparencia.

En momento en que el proyecto de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra a pasos de ser aprobado, resulta ser una señal contradictoria el rechazo -planteado el martes pasado en el Senado- al proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión.

Este proyecto, que podrá ser presentado en un año más, planteaba varias medidas para informar a los ciudadanos sobre el trabajo en la sala de los parlamentarios, y los obligaba a rendir cuentas sobre su gestión en sus respectivos distritos o circunscripciones. Así también instaba a los presidentes del Senado y de la Cámara a rendir cuenta ante el Congreso.

Ello era una necesidad evidente, toda vez que el Legislativo es el único poder del Estado que aún no está obligado a realizar cuentas públicas de su gestión, lo que no está a la altura de los tiempos. 

En momento en que el proyecto de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra a pasos de ser aprobado, resulta ser una señal contradictoria el rechazo -planteado el martes pasado en el Senado- al proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión.

Es necesario que las causales de reserva sean lo más limitadas y excepcionales posible, de manera de no generar obstáculos para acceder a la información necesaria para ejercer el control democrático, y no limitar el campo de acción del Consejo para la Transparencia.

A punto de cumplirse un año desde que la Presidenta convocó al comité de expertos que elaboró el conjunto de recomendaciones que luego serían conocidas como Agenda de Probidad, uno de los proyectos emblemáticos de la misma, el de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra a pasos de convertirse en ley. Esta nueva normativa, además de reconocer el acceso a la información como derecho, genera una institucionalidad protectora denominada Consejo para la Transparencia, el que estará conformado por cuatro personas de reconocido mérito y prestigio.

Es necesario que las causales de reserva sean lo más limitadas y excepcionales posible, de manera de no generar obstáculos para acceder a la información necesaria para ejercer el control democrático, y no limitar el campo de acción del Consejo para la Transparencia.

A punto de cumplirse un año desde que la Presidenta convocó al comité de expertos que elaboró el conjunto de recomendaciones que luego serían conocidas como Agenda de Probidad, uno de los proyectos emblemáticos de la misma, el de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra a pasos de convertirse en ley. Esta nueva normativa, además de reconocer el acceso a la información como derecho, genera una institucionalidad protectora denominada Consejo para la Transparencia, el que estará conformado por cuatro personas de reconocido mérito y prestigio.