• Fuente:  Revista AportesDPLF
• Fundación para el Debido Proceso Legal

Los cambios profundos no terminan con una ley, sino que parten con ella, a través de procesos de capacitación y sensibilización de los servidores públicos.

Hace algunas semanas, la Fundación para el Debido Proceso Legal efectuó un ejercicio de monitoreo en varios países de nuestra región, que buscaba identificar las dificultades de los ciudadanos para acceder a la información referida a las remuneraciones de Presidentes de la República y de Corte Suprema. La experiencia desarrollada en Chile evidenció que aún persisten importantes barreras prácticas para el acceso público a esta información, las que no detallo acá por estar suficientemente bien explicadas en otro apartado. Al respecto, creo necesario realizar algunos comentarios.

Fuente: CIPER CHILE

Señor Director:

El martes fue aprobado por parte de la cámara de Diputados el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello, se marca un hito histórico al integrarse Chile al circuito de países que cuentan con este tipo de estatutos, y al más selecto club de aquellos que cuentan, con un órgano especializado para proteger el derecho de los ciudadanos de acceder a la información, denominado Consejo para la Transparencia.

En momento en que el proyecto de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra a pasos de ser aprobado, resulta ser una señal contradictoria el rechazo -planteado el martes pasado en el Senado- al proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión.

Este proyecto, que podrá ser presentado en un año más, planteaba varias medidas para informar a los ciudadanos sobre el trabajo en la sala de los parlamentarios, y los obligaba a rendir cuentas sobre su gestión en sus respectivos distritos o circunscripciones. Así también instaba a los presidentes del Senado y de la Cámara a rendir cuenta ante el Congreso.

Ello era una necesidad evidente, toda vez que el Legislativo es el único poder del Estado que aún no está obligado a realizar cuentas públicas de su gestión, lo que no está a la altura de los tiempos. 

En momento en que el proyecto de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra a pasos de ser aprobado, resulta ser una señal contradictoria el rechazo -planteado el martes pasado en el Senado- al proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión.

Es necesario que las causales de reserva sean lo más limitadas y excepcionales posible, de manera de no generar obstáculos para acceder a la información necesaria para ejercer el control democrático, y no limitar el campo de acción del Consejo para la Transparencia.

A punto de cumplirse un año desde que la Presidenta convocó al comité de expertos que elaboró el conjunto de recomendaciones que luego serían conocidas como Agenda de Probidad, uno de los proyectos emblemáticos de la misma, el de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra a pasos de convertirse en ley. Esta nueva normativa, además de reconocer el acceso a la información como derecho, genera una institucionalidad protectora denominada Consejo para la Transparencia, el que estará conformado por cuatro personas de reconocido mérito y prestigio.

Es necesario que las causales de reserva sean lo más limitadas y excepcionales posible, de manera de no generar obstáculos para acceder a la información necesaria para ejercer el control democrático, y no limitar el campo de acción del Consejo para la Transparencia.

A punto de cumplirse un año desde que la Presidenta convocó al comité de expertos que elaboró el conjunto de recomendaciones que luego serían conocidas como Agenda de Probidad, uno de los proyectos emblemáticos de la misma, el de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra a pasos de convertirse en ley. Esta nueva normativa, además de reconocer el acceso a la información como derecho, genera una institucionalidad protectora denominada Consejo para la Transparencia, el que estará conformado por cuatro personas de reconocido mérito y prestigio.

El proyecto de ley de acceso a la información pública se encuentra actualmente en su último trámite en el Congreso, en Comisión Mixta, quedando sólo algunos artículos por aprobarse, aunque los más importantes. Sin duda alguna, esta iniciativa legal se ha constituido en una de las más emblemáticas de las contenidas en la Agenda de Probidad y Transparencia propuesta por la Presidenta de la República a fines del año pasado. No sólo porque dará sustento legal a un derecho humano fundamental, como es el del acceso a la información pública, sino también porque creará una institución protectora del mismo, denominada Consejo para la Transparencia, en la cual se han cifrado grandes expectativas ciudadanas.

La demanda de transparencia en la prueba de selección universitaria (PSU), levantada por estudiantes y un grupo de destacados académicos, pone de manifiesto el carácter de interés público de la información generada en estos procesos. Un adecuado nivel de publicidad de las bases de datos, facsímiles y auditorias efectuadas no es una cuestión superflua, sino que contribuye a disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a la educación superior.

Esta situación no es nueva. Ya a mediados de este año, y ante las negativa reiterada de la Universidad de Chile de entregar el informe de auditoria internacional efectuada a la PSU por parte del Educational Testing Service (ETS), este mismo grupo de académicos, la FEUC y Fundación Pro Acceso presentaron una acción judicial para obtener la publicidad de dicho informe, la que se encuentra en tramitación ante los Tribunales de Justicia.

Señor Director:

Es preocupación de muchos chilenos la situación de la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU), cuyo objetivo declarado, al reemplazar a la PAA, era contribuir a una mejora sustancial al nivel educacional, pero primordialmente disminuir la abismante brecha existente entre colegios públicos y privados.

En este sentido, la actitud de la Universidad de Chile de mantener en reserva documentos de vital importancia para la opinión pública, en especial un informe realizado por la consultora internacional Educational Testing Service (ETS) sobre la aplicación de la PSU, es francamente inaceptable. Si esa información se hiciera pública, los expertos en temas educacionales podrían trabajar en la mejora del instrumento.