• Fecha: 2 Nov 2009
• Autor: Federico Allendes
• Autor: Presidente Fundación Pro Acceso

La semana pasada se cumplieron seis meses desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Transparencia y de Acceso a la Información Pública, lo que constituye el primer paso de un largo camino por el que deberá transitar el sector público, para avanzar de la "cultura del secreto" a una "cultura de la transparencia".

En este período hay que destacar el importante rol que ha jugado el Consejo para la Transparencia para impulsar este cambio cultural en el sector público. Frente a la negativa inicial de muchos órganos, esta entidad autónoma ha sostenido la publicidad de información relevante desde el punto de vista del interés ciudadano, tales como calificaciones y remuneraciones del personal, campañas institucionales de publicidad, gastos efectuados en encuestas de opinión, criterios de decisión para la provisión de cargos públicos, etc. Ello constituye un gran avance. Sin embargo, el camino no ha sido -y no será- fácil.

Las profundas implicancias democráticas de la ley se ven en entredicho por la resistencia de diversas entidades públicas que han manifestado su oposición a las resoluciones del consejo, lo cual pone de manifiesto la necesidad de reforzar las facultades de fiscalización, monitoreo, control y promoción del Consejo para la Transparencia.

Por otra parte, la experiencia de estos seis meses ha mostrado la existencia de una gran brecha entre las posibilidades que otorga la ley y su uso efectivo por los ciudadanos. Conforme a las estadísticas entregadas por el gobierno, del total de solicitantes del período, el 62% son hombres, el 44,25% tiene entre 30 y 49 años, con formación universitaria y acceso a internet. Además, un dato que resulta ser crítico, el 53% de los solicitantes se concentra en la Región Metropolitana, lo que demuestra la falta de difusión y conocimiento de las potencialidades de esta herramienta y el excesivo centralismo, que se ve potenciado, además, por la baja inclusión de las mujeres como demandantes.

Otro dato que llama la atención es que, de los casos resueltos por el consejo, casi la mitad son declarados inadmisibles, ya sea por ser extemporánea la presentación del amparo o reclamo, por falta de completitud de la solicitud o por incompetencia del consejo por no corresponder a sus facultades. Lo anterior nos hace reflexionar sobre el tiempo de maduración de esta ley. Todavía no existe un cabal entendimiento por parte de los ciudadanos de cómo funciona esta herramienta, por lo tanto, los desafíos y énfasis deben consistir en difundirla, si queremos que éste sea un sistema que pueda ser usado por todas las personas sin distinción, de forma correcta y responsable.

A lo ya señalado se suman una serie de otros desafíos, tales como la definición de los estándares de transparencia activa para empresas públicas, la reflexión sobre la calidad y suficiencia de la información que se entrega, las obligaciones de producir información mínima en materias de alto interés público, entre otros.

Lamentablemente, el gobierno ha dado una mala señal con esta urgente necesidad, al rechazar la propuesta de presupuesto presentada por el Consejo para la Transparencia. En efecto, el gobierno, al no aprobar los fondos suficientes, ha puesto en entredicho el modelo sobre el cual se construyó la institucionalidad, pues sin financiamiento adecuado, el Consejo para la Transparencia ve limitadas sus facultades solamente a la resolución de amparos y reclamos, impidiéndosele generar políticas públicas.

Publicado en Diario La Tercera