• Fecha: 1 Ene 2005
• Autor: Instituto Libertad

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Hace algunas semanas, se llevó a cabo en Santiago una mesa redonda organizada por diferentes entidades de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en la que se dieron a conocer avances en materia de acceso a la información pública. En esa oportunidad, presenciamos con entusiasmo la importancia que está cobrando dicha materia en nuestro país. Cuestión no menor, si consideramos el hecho de que en Chile existe un escaso conocimiento de la trascendencia de este tema para el desarrollo de la democracia.

Desde hace un tiempo, a nivel global, ha crecido el interés por dar curso a legislaciones que normen el derecho al acceso a la información pública. Entre el año 2000 y 2005, 61 países han promulgado leyes concernientes a esta materia. Chile como miembro del concierto de naciones democráticas, no ha estado ajeno a este movimiento, que busca el perfeccionamiento de las prácticas democráticas. Es así como en 1992 adhirió a la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se estipuló la necesidad de crear canales de acceso en estos aspectos.

Motivada por la importancia de la transparencia de los actos del gobierno en todas las materias, en 1999 se dictó la Ley 19.653 de Probidad Administrativa, la cual explicita como principios fundamentales de la administración del Estado la probidad y la publicidad administrativa, entre otros. Contempla que los actos de gobierno son públicos, por el hecho de provenir de los órganos de administración del Estado, y le otorga así a la ciudadanía el derecho tener acceso a éstos.

Lamentablemente, la realidad indica que la existencia de la ley no asegura que se aplique el objetivo para el cual se creó. Todavía permanece en el inconsciente colectivo la creencia que muchos actos del Estado pueden quedar resguardados bajo el más estricto secreto y que la administración pública es una caja negra a la cual no es posible acceder. Lo anterior genera un grave problema en el sistema democrático, ya que ningún sistema de gobierno de estas características se construye y se desarrolla sobre la base de la cultura de lo escondido. Los ciudadanos no están conscientes de sus derechos ni los ejercen y, al mismo tiempo, el Estado no practica su deber de dar publicidad a sus actos. Así, cada día es más difícil concretar la tan necesaria y ansiada participación ciudadana.

A pesar de la situación deficitaria en la cual se encuentra nuestro país en este sentido, la sociedad civil organizada ha elaborado un proyecto de ley sobre acceso a la información pública, que busca ser un complemento al que se discute actualmente en el Senado, en la comisión de gobierno, descentralización y regionalización.

Dentro del proyecto de la sociedad civil, cabe destacar tres aspectos centrales, concernientes a la mejora en el acceso a la información pública. En primer lugar, se define información pública como todo lo generado por los tres poderes de Estado, más los órganos autónomos, empresas con participación del fisco y aquellas empresas privadas que presten servicios al Estado.

En segundo lugar, central dentro de esta propuesta es la creación de una Comisión para el acceso a la información pública, un organismo autónomo, con patrimonio propio y rango constitucional, que centre su actuar en la protección judicial del derecho de acceso a la información pública y la promoción de buenas prácticas dentro del Estado. Esta institución desempeñaría un papel central en la implementación de la ley, además de actuar como órgano de primera instancia en el proceso de toma de decisiones, concerniente a la entrega de estos datos.

Finalmente, se contempla el perfeccionamiento de las causales de secreto y reserva, los tiempos de espera y costos en la entrega de la información, como también la mejora de los procedimientos legales en los casos de negación arbitraría a la solicitud de información.

Es así, como esta iniciativa de ley aborda la temática del acceso a la información pública de un modo global, permitiendo a la ciudadanía utilizar su derecho de conocimiento de los actos públicos, pero también precaviendo las causas de reserva, con el objetivo siempre presente de resguardar la integridad del Estado.

De esta forma, la iniciativa, en tanto suma a la que hoy se tramita en el Senado, destaca por ser un aporte serio desde el ámbito de la sociedad civil y otorga la oportunidad de discutir otros elementos adicionales que pueden resultar adecuados para nuestra legislación en materia de acceso a la información pública, razón que la hace doblemente interesante.

La publicidad de los actos de la Administración del Estado es un tema pendiente en nuestro país y una deuda permanente con la base de toda política pública de participación ciudadana. Puesto que la información completa, transparente y oportuna es el primer y más relevante elemento de juicio al que debe tener acceso la ciudadanía para ejercer su derecho a tomar parte de las decisiones públicas y poder llevar adelante un correcto proceso de control de las mismas. De lo contrario, todo intento de mayor participación responsable y comprometida es una utopía.