• Fecha: 13 Mayo 2005
• Autor: Libertad y Desarrollo

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El concepto básico de la democracia como sistema político es que todos los miembros de una asociación que se gobierna democráticamente tienen el mismo derecho a participar de las decisiones políticas. Para que este derecho se cumpla en forma cabal los sistemas democráticos tienen que cumplir varios criterios uno de los cuales es la llamada “Comprensión Ilustrada”. Esta se refiere a que “todo miembro (de la asociación) debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas y relevantes y sus consecuencias posibles”1. Este concepto se basa en un argumento lógico: para poder tomar parte de las decisiones de la asociación sus miembros tienen que tener la posibilidad de contar con toda la información relevante del caso.

De hecho una de las características más positivas de la democracia como sistema político se basa en el concepto de Comprensión Ilustrada: los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar el Gobierno si consideran que no ha hecho un buen trabajo. Pero para que las decisiones de los ciudadanos se basen en datos reales y no en puras intuiciones o imágenes es necesario que los electores cuenten con toda la información necesaria.

¿Cómo se logra eso? Generando una real transparencia en las actuaciones del Gobierno y de todas las reparticiones públicas.

Por otra parte, en una democracia los que están llamados a ejercer el control sobre las actuaciones del Ejecutivo son justamente los ciudadanos. Un ejemplo relevante es el caso de la corrupción. Sin embargo, si no cuentan con la información necesaria para poder cumplir su labor, este concepto básico de la democracia pierde completamente su contenido. Por lo tanto, aquí también es necesaria la transparencia.

En otro plano cabe recordar que la democracia es un sistema político cuya base fundamental es la legitimidad que goza entre los ciudadanos. Esta funciona como una especie de colchón de seguridad para la democracia en los tiempos de crisis. Si un sistema democrático pasa por tiempos difíciles pero goza de gran legitimidad, la probabilidad que se sobreponga a la crisis es alta, en cambio si no cuenta con legitimidad entre los ciudadanos las probabilidades de sobrevivencia son mucho más bajas. Es por esta razón que la legitimidad del sistema democrático y de las distintas instituciones que lo conforman es tan relevante2.

En nuestro país durante los últimos años las distintas instituciones han perdido en forma importante la confianza de los ciudadanos. (Ver Gráfico N°1). Por ejemplo, en el caso de los Ministros del Ejecutivo, si en 1992 un 28% de la población declaraba tenerles confianza en el 2002 este grupo había bajado al 8%, en tanto la confianza hacia los Ministros de la Corte Suprema disminuyó de 15% a 7% y en los Senadores y Diputados de 14% a 2%.

Una de las explicaciones que se puede dar para la falta de legitimidad de las instituciones es que éstas a pesar de encontrarse insertas en un sistema democrático actúan de espalda a los ciudadanos. Es lógico que si los ciudadanos no cuentan con información sobre las actuaciones de las distintas instituciones sientan que éstas actúan como una “caja negra” y por lo tanto pierdan la confianza en ellas. La solución a esta problemática es nuevamente la misma: más transparencia.

Por lo tanto, para poder tener una democracia saludable es sumamente relevante avanzar en la transparencia de las actuaciones de todas las reparticiones del Estado.

Transparencia en Chile

La sensación que existe en Chile respecto al acceso a la información pública es negativa. Cuando es necesario solicitarla a alguna repartición pública automáticamente se piensa en una infranqueable pared burocrática que desincentiva cualquier intento ciudadano por hacer algún requerimiento.

Esta generalizada sensación fue corroborada por un estudio realizado por la Corporación Participa en el cual mediante diversos mecanismos se solicitó información a algunas reparticiones públicas. El resultado fue que en sólo un 17% de los casos se recibió la información requerida y en un 69% ni siquiera hubo una respuesta. Además, las instituciones que tienden a responder lo hacen vencido el plazo de 10 días. Todo esto da como resultado que la administración pública chilena sea la menos transparente de los 10 países evaluados por Participa3.

En las democracias modernas las actividades políticas compiten con muchas otras inquietudes de los ciudadanos. Dada esta falta de tiempo, los medios de comunicación han pasado a ejercer en subsidio, algunos derechos de los ciudadanos. Un ejemplo relevante, es la tarea de información y de control de las actuaciones del Gobierno. De hecho la experiencia de países como Irlanda, que han avanzado en forma importante en la transparencia de las actuaciones del Estado, es que el rol de la prensa es muy relevante. Sin embargo, el panorama en Chile no es alentador. Según una encuesta realizada a periodistas y editores por la Universidad Diego Portales, un 53% de los encuestados opina que la traba más importante al acceso a información en Chile es la escasa disposición de las autoridades e instituciones a entregar la información, seguido con un 23% por la autocensura de los medios (Gráfico N°2). El estudio citado concluye que “En este sentido la dificultad radicaría en la voluntad de entregar la información y en la voluntad de publicarla”4.

Chile se destaca por ser un país legalista. De hecho muchas veces pensamos que vamos a solucionar las falencias de nuestro sistema institucional dictando nuevas leyes. Se podría pensar que el camino para aumentar la transparencia de las actuaciones del Estado es la promulgación de nuevas leyes. Sin embargo, aunque el marco regulatorio actual tiene muchos espacios para mejorar, la experiencia muestra que el problema básico actualmente en Chile no es la legislación relativa al tema de la transparencia.

La Experiencia Chilena

En 1999 se dictó la ley 19.653 que establece en su primer artículo que “La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. Son públicos los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y los documentos que le sirvan como sustento o complemento directo y esencial”. En esta ley no sólo se establece que por principio todas las actuaciones del Estado son públicas, sino que también se crea un procedimiento para que los ciudadanos puedan acceder a la información.

Como una excepción a la regla la misma ley establece algunas causales por las cuales el Jefe Superior del Órgano del cual se está requiriendo la información puede declararla secreta. A esto se sumó un Decreto emanado del Ministerio Secretaría General de la Presidencia el año 2001 que amplía las causales por las cuales se puede declarar secreta alguna actuación de los órganos administrativos. Basándose en ambas legislaciones se han redactado 80 reglamentos en varias reparticiones del Estado declarando secretas o reservadas diversas informaciones5. Por ejemplo, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) declararó secretos o reservados los informes de la Unidad de Auditoría, los Informes o Estudios Técnicos emitidos por la JUNJI y los documentos o informes sobre análisis de raciones de los programas de alimentación institucionales.

Por lo tanto, el marco regulatorio que favorece la transparencia, aunque pueda tener imperfecciones existe. La falencia es la falta de voluntad política para llevarlo a la práctica. El problema en nuestro país es que desde las más altas esferas del Gobierno hasta el último funcionario no existe una cultura de transparencia que comprenda que en una democracia saludable los ciudadanos tienen derecho a la información.

Se observa en el Ejecutivo una baja aceptación de las críticas. Igual como lo ha hecho en otras ocasiones, se refutó el estudio de Participa diciendo que los ranking internacionales mostraban a Chile en buenos lugares. Sin embargo, el tema acá no es qué tan bien o mal está Chile en los ranking internacionales, sino que reconocer que la realidad muestra que aún hay mucho por hacer en materia de transparencia.

Por lo tanto, lo que hace falta en Chile es voluntad política para utilizar los mecanismos que ya existen avanzando así realmente en la transparencia de las actuaciones del Estado. La experiencia chilena muestra que mientras la autoridad no tenga una voluntad real de apertura y transparencia se pueden dictar las leyes más perfectas sin que esto tenga efectos concretos.

Notas

1. Dahl, Robert: “La Democracia: Una guía para ciudadanos”, Editorial Taurus, Buenos Aires, 1999, pág. 48.
2. Lipset, Seymour Martín: Algunos Requisitos Sociales de la Democracia: Desarrollo Económico y Legitimidad Política, en: Batle, Albert: 10 Textos Básicos de la Ciencia Política.
3. www.participa.cl
4. Barómetro de Acceso a la Información Pública, Universidad Diego Portales, Julio del 2004.
5. Más Información en www.proacceso.cl