• Fecha: 3 Ene 2010
• Autor: El Mercurio

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha hecho posible que entidades ciudadanas puedan poner a prueba el cumplimiento de otras normas por parte de organismos del Estado. Hasta ahora, poco se podía saber respecto de su efectivo acatamiento de algunas disposiciones, pues no existía forma de obtener la información.

Un estudio realizado por la Fundación Pro Acceso, basado en la Ley de Transparencia, ha demostrado que las disposiciones sobre protección de la vida priva- da, promulgadas en 1999, aún no se aplican con el rigor debido. Además, esa investigación dejó al descubierto que tampoco se respeta en forma amplia la Ley de Transparencia. Durante un mes, dicha fundación recurrió a 164 servicios dependientes de ministerios sociales -como Vivienda, Salud y Educación- que poseen información sobre personas, incluyendo datos que pueden considerarse privados según la definición de la ley respectiva. Pero en el caso de tener tales datos, los servicios están obligados a adoptar una serie de medidas para proteger su carácter reservado. Entre otras, por ejemplo, las bases de datos personales deben ser registradas en el Registro Civil.

Los resultados mostraron que sólo el 30 por ciento de las solicitudes de información es respondido en forma correcta, y el 40 por ciento ni siquiera entrega respuestas. El resto se responde formalmente, pero no se contesta la pregunta o se deriva a otros servicios que no responden. Aunque la Ley de Transparencia fue publicada en agosto de 2008 y entró en plena vigencia hace ya ocho meses, aún no logra ser respetada por muchos servicios públicos.

Más inquietante aún es que la Ley sobre Protección de la Vida Privada, que ya tiene más de 10 años de vigencia, tampoco se aplica en la mayoría de los organismos estatales. Sólo el 13 por ciento del grupo minoritario que respondió a la solicitud de información cumple con lo preceptuado en la ley de 1999, lo que implica que de los 164 servicios estudiados, sólo cinco acatan la ley.

En Chile ha mejorado sustancialmente la calidad de las normas legales, y la creciente participación del país en la comunidad internacional asegura que los preceptos legales tendrán que alcanzar ciertos estándares mínimos. Ya los tratados de libre comercio que comenzaron a firmarse en la década pasada nos obligaban a contar con normativas y registros de calidad. Ahora, la incorporación a la OCDE eleva la exigencia mínima a nuevas alturas. Pero nada se avanza con la legislación más perfecta si ella no se aplica ni existen formas seguras de exigir su cumplimiento. La Ley de Transparencia posiblemente tendrá una importancia decisiva, al hacer posible que todos se enteren de estas graves deficiencias del Estado chileno.

Publicado el 03 de enero en El Mercurio