• Fecha: 24 Jul 2005
• Autor: Claudia Lagos Lira

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Al Archivo Judicial van a dar los tomos y tomos de actas públicas registradas ante un notario. Las constituciones de sociedades, las escrituras de compra-venta de propiedades, las actas de los directorios, las herencias y cesiones. La vida civil de chilenos y chilenas está cosida en tomos de tapas de cuero, almacenada en anaqueles montados sobre estructuras de fierro. Al Archivo también van a dar todos los procesos judiciales ya cerrados. Sus funcionarios parecen salidos de un cuento de misterio. Enfundados en delantales azules, usan guantes para protegerse del polvo que acumulan los cientos, miles de tomos que se amontonan en el Archivo Judicial. Los usuarios podemos consultar, en un mesón, de pie, los enormes libros que acumulan fojas y fojas de información. ¿Bases de datos? ¡Ja!

Salir a buscar

El acceso a la información pública se transforma, en muchos casos, en un cuento de Kafka. Primero, debemos descubrir en qué vericueto de la administración pública podría encontrarse la documentación que necesitamos. Luego, habrá que pesquisar dónde se ubica dicha repartición y en qué horario atiende al público (si es que atiende). Si tenemos suerte, y apuntamos a todo lo anterior, tal vez consigamos leer los documentos que necesitamos. Siempre y cuando éstos efectivamente lleguen a la oficina respectiva.

Hace un par de años, con motivo de un reportaje sobre las universidades privadas en Chile, recibí una de las explicaciones más creativas de parte de funcionarios públicos. Por ley, las universidades privadas debieran enviar sus balances y memorias anuales al Ministerio de Educación (Mineduc). Cuando me dirigí a la Dirección de Educación Superior del Mineduc a consultar dicha documentación se me señaló que ésta no se encontraba en esa oficina. “¿En cuál?”, se me ocurrió preguntar, casi inocentemente. “No puedo decirle”, fue la respuesta de las gentiles secretarias del Ministerio. “¿Pero dónde podrían darme esa información?”, insistí. “¿Es que está en otras dependencias del Ministerio”, me dijeron, aún misteriosas. “¿Y dónde?”, era la contrapregunta obvia de periodista curiosa. “No podemos decirle. No atienden al público”, reiteraron, ya incómodas, las señoras. “Pero, ¿cómo? ¿No hay una dirección, un teléfono dónde pueda llamar?”, preguntaba sin salir de mi sorpresa. “Le podemos dar un teléfono”, concedieron.

Llamé. Y ahí, una voz de mujer fue confirmándome por teléfono información que me faltaba. Más bien pude completar algunas piezas del rompecabezas y agarrar la punta de nuevas hebras para continuar con el reporteo. ¿Las memorias y balances de las universidades? Nunca las vi. Es más: luego me confesaron que, la verdad, no había muchas, que las universidades en general mandaban cuando querían esa documentación, que el ministerio no tenía atribuciones para hacer efectiva esa obligación y, finalmente, que lo poco que habían recibido databa de varios años y estaba en algún rincón, amontonado, mientras refaccionaban las dependencias del ministerio donde, a pesar de todas estas conversaciones telefónicas, nunca me indicaron dónde quedaban.

De municipio en municipio

Debido a una investigación en la cual estoy colaborando desde hace varios meses, he debido consultar permisos de edificación en diversas municipalidades de la Región Metropolitana, donde se ubica Santiago. La experiencia, nuevamente, ha estado marcada por enormes diferencias de acceso, justificación de la solicitud, entrenamiento y capacitación del personal, arbitrariedad y ¿criterios? de los funcionarios a cargo de la atención al público.

En un primer municipio, la información solicitada está archivada de tal manera que la consulta resulta rápida y expedita. Incluso, facilita la copia inmediata de los documentos necesarios. Y los funcionarios no pidieron justificar la consulta.

En otro municipio, el primer obstáculo era el mecanismo de archivo y almacenaje. La documentación se encontraba en dependencias externas a la oficina de atención a público y, por lo tanto, el interesado debía completar un breve formulario con la información solicitada y volver al día siguiente para consultar el volumen en que estaba archivada la documentación. Además, los funcionarios establecían un tope máximo de documentos a consultar cada vez que el interesado lo requiera. Así, uno podía revisar como máximo tres documentos al día. En caso de volúmenes de documentación importantes, la tarea podía demorar días, semanas… meses, a razón de tres documentos diarios.

En un tercer municipio, el funcionario exigió completar un extenso formulario con datos personales, como nombre, dirección, profesión, cédula de identidad, justificación de la consulta, entre otros antecedentes. Además, permitía leer sólo un documento a la vez. Y cada consulta debía justificarse y entregar los antecedentes personales nuevamente. Además, no había facilidades de fotocopias o espacio donde el interesado pueda tomar apuntes.

Brecha digital

Lo insólito de estos casos es que, con uno o dos datos claves, es posible encontrar esta misma información de propiedades en las bases de datos electrónicas de organismos como la Tesorería General de la República (www.tesoreria.cl) o del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl). Sin embargo, los cambios de numeración, por ejemplo, pueden “esconder” la información de una propiedad en los registros electrónicos y se hace necesario consultar el respaldo en papel depositado en la municipalidad respectiva.

Entonces, tenemos que se trata de información que podríamos encontrar vía Internet, abierta y gratuitamente, pero que su acceso directo en la oficina respectiva es más escabroso. Casi imposible. Podemos aventurar que se dibuja una iniquidad en el acceso a la información asociada a la brecha digital.

Hay organismos que han avanzado en lo que se denomina gobierno electrónico, que supera un primer nivel de plataforma de servicios (entrega de certificados en línea, por ejemplo) y ofrece al internauta interesado información y antecedentes que respalden las actuaciones de sus servicios o permite acceder a bases de datos electrónicas. Ahí se encuentran instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil (www.registrocivil.cl), el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (www.conservador.cl), el Poder Judicial (www.poderjudicial.cl), la Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl) o la Tesorería General de la República. No obstante, la mayoría de los sitios electrónicos de dichos organismos mantienen deficiencias de utilización y entorpecen una búsqueda ágil, rápida y eficiente. Lo que redunda, finalmente, en dificultar el acceso a información pública.

Tenemos instituciones vetustas, de enorme relevancia en tanto archivos de carácter público, como el Archivo Judicial o los conservadores de bienes raíces de las diferentes regiones del país. Podemos decir que mucha de la información que buscamos está… en alguna parte. Uno de los problemas es cómo encontrarla.