La Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha hecho posible que entidades ciudadanas puedan poner a prueba el cumplimiento de otras normas por parte de organismos del Estado. Hasta ahora, poco se podía saber respecto de su efectivo acatamiento de algunas disposiciones, pues no existía forma de obtener la información.

Señor director:

A propósito del estudio de Fundación Pro Acceso a 164 servicios, programas y/o beneficios dependientes de los ministerios sociales, que midió el nivel de cumplimiento de la Ley de Datos Personales, es necesario señalar que de las 164 solicitudes efectuadas, 39 instituciones manifestaron tener bases de datos. De éstas, sólo cinco cumplían con el deber de registro ante el Servicio de Registro Civil.

Al omitirse publicar esta información, no sólo se incumple con la Ley de Datos Personales, sino que también se priva al ciudadano de saber información esencial: el fundamento jurídico de la existencia de la base de datos personales, su finalidad, tipo de datos almacenados y descripción del universo de personas que comprende.

Señor Director:

La semana pasada se cumplieron seis meses desde la entrada en vigencia de la Ley sobre Transparencia y de Acceso a la Información Pública, lo que constituye el primer paso de un largo camino por el que deberá transitar el sector público, para avanzar de la "cultura del secreto" a una "cultura de la transparencia".

En este período hay que destacar el importante rol que ha jugado el Consejo para la Transparencia para impulsar este cambio cultural en el sector público. Frente a la negativa inicial de muchos órganos, esta entidad autónoma ha sostenido la publicidad de información relevante desde el punto de vista del interés ciudadano, tales como calificaciones y remuneraciones del personal, campañas institucionales de publicidad, gastos efectuados en encuestas de opinión, criterios de decisión para la provisión de cargos públicos, etc. Ello constituye un gran avance. Sin embargo, el camino no ha sido -y no será- fácil.