• Fecha: 20 Abr 2011
• Referencia: La Segunda

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública hay avances para sentirnos orgullosos como país y elementos en los que estamos claramente en deuda. Por una parte, el Consejo para la Transparencia (CPT) se ha ido consolidando con un modelo de gestión eficiente y abierto, ha dictado fallos importantes que van marcando jurisprudencia y, a nivel internacional, Chile se presenta como uno de los países que ha tenido avances importantes en esta materia. Sin embargo, tanto los datos que entrega periódicamente el CPT como los recabados por organizaciones de la sociedad civil (como Corporación Participa y Pro Acceso), dan pie para no quedarnos en la autocomplacencia y nos obligan a enfocar la atención en dos aspectos fundamentales en los que urge seguir avanzando.

El primero es la preocupación que genera el bajo nivel de conocimiento que la ciudadanía tiene de la ley y, específicamente, del CPT. Según un estudio encargado por  la misma institución, sólo alrededor del 20% de los encuestados ha escuchado hablar o sabe de la existencia del Consejo y la ley. Resulta un dato preocupante, ya que significa que la gran mayoría de la población no sabe que cuenta con una ley y un organismo público encargado expresamente de garantizar el ejercicio, promoción y defensa del derecho de Acceso a la Información Pública y que es una instancia pública gratuita a la cual recurrir en caso de que éste sea amenazado o vulnerado.

Lograr la promulgación de la ley fue un hito celebrado transversalmente, que marcó no la culminación de un tema, sino más bien el comienzo de una nueva etapa. Sin duda que casos, como el del puente mecano en Bío Bío, que son cubiertos por la prensa, y en los que se vincula el derecho de Acceso a la Información, ayudan a poner a la transparencia en la agenda pública. Sin embargo, esto no asegura que la ciudadanía se eduque sobre este derecho que, además, permite el ejercicio de otros.

Desde esta perspectiva, es fundamental que se desarrolle una estrategia de difusión masiva que explicite la aplicación práctica de la ley, de tal manera que el sistema esté, efectivamente, a disposición de todos. Organizaciones de la sociedad civil como Participa, Pro Acceso y otras, trabajamos diariamente para aportar a ello, pero es una tarea que sin duda debiese implementarse desde los gobiernos locales y central.

En segundo lugar, es de toda relevancia que el Consejo para la Transparencia cuente con la fortaleza institucional y el respaldo presupuestario necesario para que pueda cumplir con sus objetivos fundamentales. Así como que también tenga una participación más activa en la dirección de la política pública de transparencia y acceso a la información. Para ello, es necesario profundizar las políticas de control, monitoreo y fiscalización;  y perfeccionar los mecanismos de coordinación con el Poder Ejecutivo y las municipalidades. En este sentido, es una señal positiva la firma de un convenio de cooperación, para la generación de un portal único de transparencia, entre el CPT y  la Segpres

Todos estos objetivos se transformarán en una meta lejana si el Consejo no cuenta con el piso legal necesario para poder tener mayor incidencia en la acción de los órganos públicos. Todo lo anterior plantea la necesidad de estudiar mecanismos que garanticen la independencia, autonomía y efectividad de este órgano, en especial los presupuestos plurianuales y la autonomía constitucional del Consejo.

Para avanzar hacia una “Cultura de la Transparencia” es necesario que los discursos acerca de la defensa  e importancia de estos derechos sean coherentes con acciones concretas por parte de los organismos encargados.

Maria Inés de Ferrari                                                                                                                    Moisés Sánchez
Directora Ejecutiva                                                                                                                       Director Ejecutivo
Corporación Participa                                                                                                                   Fundación Pro Acceso