• Fecha: 23 Abr 2009
• Referencia: 22 de abril 2009
• Referencia: La Nación

Miércoles 22 de abril de 2009
Por Verónica Muñoz / La Nación

Subsecretario general de Gobierno analiza normativa sobre Transparencia

Neftalí Carabantes dijo que ahora "todos tenemos derecho a saber" y a fiscalizar, aunque hizo un llamado a usar estas facultades con criterio "cívico" para evitar discriminaciones o, derechamente, calumnias.

A un trabajo en equipo de todo el aparato del Estado atribuye La Moneda el balance positivo de la entrada en vigencia, el lunes pasado, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Unos más, otros menos, ministerios, servicios, organismos y empresas del Estado hicieron su esfuerzo.
En el Ministerio Secretaría General de Gobierno están particularmente satisfechos. Un estudio de la Corporación Participa los ubicó, junto a Relaciones Exteriores, en el primer lugar de cumplimiento de esta normativa (ver recuadro).
El primer día de vigencia de la ley el sitio de la Segegob tuvo sobre 139 mil visitas, cifra relevante si se considera que el promedio de un día normal no supera las 52 mil.
Ayer bajó a unos 80 mil accesos. Los temas de mayor interés fueron remuneraciones, la dotación de honorarios y consultas sobre la dotación de planta.
Para el subsecretario general de Gobierno, Neftalí Carabantes, el éxito de esta iniciativa responde al empeño de la Presidenta Michelle Bachelet "porque ella ha sido quien dio el vamos a esta nueva era de la apertura".
A su juicio, esto demuestra "que este es un Gobierno que se atreve", pues "está protagonizando uno de los cambios más trascendentes en la administración del Estado: la revolución de la transparencia".
Y eso significa que a partir de ahora "todos tenemos derecho a saber", desde el ciudadano más poderoso al más humilde.
En momentos en que muchos resienten la pérdida de interés de las personas en la política -por diversas razones, entre ellas la falta de transparencia- el subsecretario Carabantes aseguró que la puesta en marcha de esta normativa ayudará a contrarrestar esta tendencia social pues le entrega más herramientas de participación y de influencia a la ciudadanía.
"RECUPERAR CONFIANZA"
"Este es un gran paso para recuperar la confianza de la ciudadanía", dijo Carabantes, argumentando que a partir de ahora el ciudadano se va a transformar en un "auditor social", con el poder necesario para fiscalizar todo acto de la administración del Estado.
Sin embargo, también hizo un llamado a hacer un uso responsable, "un uso cívico", de las facultades que se establecen.
"Esta ley no puede ser pasto de la calumnia ni de la discriminación. A nadie se le puede coartar el derecho a trabajar. Lo importante es que apareciendo esta normativa todos podrán saber en qué lugar se trabaja, que función realiza y que remuneración percibe cada uno de los 270 mil funcionarios públicos de nuestro país", subrayó.
También hizo una evaluación positiva del trabajo previo. "El Gobierno fue muy riguroso en la puesta en marcha de esta ley.
"Lo que otros países realizaron en un plazo de tres a cinco años, lo hicimos en ocho meses. Fuimos muy autoexigentes, esa fue la instrucción de la Presidenta", afirmó el subsecretario.
Sobre las críticas de la Asociación Chilena de Municipalidades en el sentido de que se les fiscaliza "por todos lados", pero hay carencia de recursos para responder, Carabantes recalcó que "la ley es igual para todos, por lo tanto toda la administración del Estado tiene que cumplirla".

Corporación Participa: ministerios cumplen 80%
Un grupo de profesionales de la Corporación Participa indagó si los ministerios cumplieron con la puesta en marcha de la nueva Ley de Acceso a la Información. Para ello revisaron las páginas web de 22 secretarías de Estado, entre las 10:30 y las 14:30 horas del lunes 20 de abril, primer día de vigencia de la normativa.
Tomaron en cuenta la información publicada en nueve áreas: marco normativo, actos y resoluciones, estructura orgánica, transferencias, personal de planta, adquisiciones y contrataciones, presupuestos, beneficiarios y mecanismos de participación.
Según la directora de la entidad, Andrea Sanhueza, el resultado fue positivo. "Fuimos viendo cuánta de esa información había levantado cada ministerio y el resultado fue que en promedio, un 80 % cumplió con instalar toda la información que se exige", comentó Sanhueza.
Los mejores evaluados fueron el Ministerio Secretaría general de Gobierno, con un 93,5 % de cumplimiento y el de Relaciones Exteriores con 93,2 %. Los que resultaron con el porcentaje más bajo de publicación de la información requerida fueron el Ministerio de Transportes y el Ministerio Secretaría general de la Presidencia, con 63, 8 % (ver infografía).
Los mejor evaluados fueron marco normativo, actos y resoluciones, estructura orgánica y transferencias. La información sobre mecanismos de participación y beneficiarios fue la de más bajos resultados,