• Fecha: 2 Nov 2011
• Autor: Juan Pablo Olmedo
• Referencia: El Mercurio

Al cerrarse el primer ciclo del Consejo para la Transparencia (CpT), resulta oportuno reflexionar sobre los obstáculos, aprendizajes y desafíos que ha planteado la instalación de este nuevo órgano del Estado responsable de establecer y desarrollar una cultura de la transparencia en nuestro país.

Aun cuando la inicial adhesión gubernamental posibilitó la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del año 2009, prontamente esta fue debilitada por una creciente resistencia del Ejecutivo a sus provisiones, lo que fue limitando sus competencias a una función resolutiva de casos de denegación de acceso a información pública y de fiscalización de transparencia activa.

El cumplimiento de las resoluciones del CPT en estas esferas enfrentó obstáculos a la plena materialización del principio de transparencia y acceso a información producto de una arraigada tradición de secreto de la gestión pública, retardándolas producto del preocupante aumento del reclamo ante las Cortes de Apelaciones por parte de los órganos públicos. A ello se sumó el envío al Congreso de iniciativas legislativas que erosionan los estándares establecidos por el Consejo, así como la falta de plena colaboración de la Secretaría General de la Presidencia al desarrollo de las competencias regulatorias y analíticas que la ley le encomienda. De esta manera, se ha entorpecido el abordaje sistémico de los fenómenos de opacidad detectados en los casos individuales conocidos por la entidad.

El ejercicio de las funciones del CPT requiere perfeccionar y reforzar la autonomía de sus integrantes. La ratificación del Senado de los nombres propuestos en la lista del Ejecutivo inhibe la discusión del mérito individual de los nominados y genera el riesgo de politizar su investidura. Una participación de la sociedad civil y del propio CPT en la identificación de nuevos integrantes -no necesariamente abogados- que cumplan con los requisitos de idoneidad y adhesión a la cultura de transparencia y respeto de los derechos humanos favorecería la extensión de los apoyos sociales a la cultura de transparencia, informando y legitimando socialmente la decisión del Presidente de la República en estas materias.

La concurrencia de los nominados al Senado les exige explicitar su compromiso con la labor realizada, como asimismo explicitar la voluntad de dar cumplimiento a exigencias de conducta que van más allá de la ley. Tal es el caso, por ejemplo, de la declaración de intereses que demanda a los consejeros identificar los clientes propios y de las oficinas o empresas a las que pertenecen de manera de evitar futuros conflictos de intereses.

El significativo incremento de la demanda de trabajo y el desarrollo de competencias de promoción, colaboración y formulación de política pública obligan a revisar la estructura de funcionamiento del CPT. La remuneración por asistencia a sesiones y la dedicación parcial de su Presidente --unido a su corto período-- inhiben el aporte y desarrollo del capital personal que cada consejero representa. Modelos institucionales de integración, como el del Consejo de Defensa del Estado, el Banco Central o, más recientemente, el Tribunal de la Libre Competencia, se han mostrado exitosos al favorecer un mayor compromiso personal y dedicación profesional de los integrantes, acrecentando y cuidando de esta manera el aprendizaje institucional.

Finalmente, la autonomía de rango legal que ostenta el Consejo para la Transparencia no resulta suficiente para ser instrumento efectivo del compromiso a que obliga el Artículo 8 de la Constitución Política. La superación de la tradición del secreto develada en estos años de funcionamiento de la Ley de Transparencia sólo puede alcanzarse por una inequívoca voluntad del Estado de Chile de reforzar la jerarquía del Consejo elevándola a rango constitucional y adecuando su estructura y presupuesto a tal fin.

Esta pionera iniciativa parlamentaria -liderada en su tiempo por los senadores Gazmuri y Larraín- debería seguir siendo una prioridad institucional de Estado custodiada y perfeccionada por la Cámara Alta.

Juan Pablo Olmedo
Primer Presidente
Ex Consejero
Consejo para la Transparencia