• Fecha: 23 Abr 2009
• Referencia: 23 de abril 2009
• Referencia: Emol

Jueves 23 de Abril de 2009

Uno de los efectos de la divulgación de antecedentes sobre la administración con la reciente ley de acceso a la infomación pública ha sido reactivar el debate sobre el tamaño del Estado central y el régimen laboral de sus empleados. En efecto, el número total de funcionarios llegó en 2007 a 178 mil 551, superando en casi 30 por ciento su número al inicio de la década, sin que se aprecie en igual período un aumento de la calidad de muchos servicios públicos ni disminuyan las situaciones irregulares en otros.
La explosión del personal contratado a honorarios es un caso especial. Estas personas no tienen las obligaciones que se aplican a los funcionarios públicos, porque no lo son. El procedimiento para seleccionarlos no ofrece garantías de imparcialidad y muchos temen una preferencia por militantes de partidos oficialistas y por familiares y amigos. Sin embargo, desempeñan labores cada vez más importantes, llegando algunos a ser jefes de servicios públicos informales, cuya creación nunca ha sido autorizada por ley.
El Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia convocado por la Presidenta Bachelet en 2006 propuso formalizar entre otros a Chile Barrio, Chile Califica, Chile Solidario, Programa de Mejoramiento de Barrios, Programa de Mejoramiento Urbano, Conace, Seguridad y Participación Ciudadana, Protección Integral de la Infancia, Proempleo, Fondo de Innovación de la Competitividad, Secretaría de Transporte Urbano, Programa de Mujeres Jefas de Hogar, y Libros escolares. La autoridad no siguió esa recomendación, y parece haber hecho lo contrario, llevando el número de personas a honorarios a 30 mil, según una estimación de la CUT.
Por otra parte, el ministro Viera-Gallo sostuvo que habría un exceso de empleados a contrata y a honorarios, pero en su crítica no se pronuncia sobre el problema mayor, que son aquellos en el régimen de "planta".
En teoría, los funcionarios de planta desarrollan las labores permanentes del Estado, mientras que los a contrata cubren labores transitorias. En realidad, la captura del Estatuto Administrativo por parte de los sindicatos de empleados públicos lo mantiene contaminado de medidas que permiten que las apelaciones al despido de un trabajador de "planta" tomen cuatro años. Eso supera la permanencia del Gobierno y maximiza el daño al ambiente laboral, por lo que la cantidad de despidos es ínfima. La nueva legislación de transparencia servirá para revelar las tasas de despidos y renuncias de trabajadores de planta y a contrata, y el porcentaje de ellos que es calificado en la mejor lista por sus superiores.
Los funcionarios a contrata tienden a ser los más eficientes, y por eso se les encomiendan labores permanentes. Ello siempre se ha hecho con un permiso especial emitido anualmente por el Congreso al aprobar cada ley de presupuestos. Todo indica que para mejorar el servicio a la ciudadanía, es necesario que la fracción de empleados a contrata supere el 50 por ciento actual, desplazando a los trabajadores de planta. Como muchos empleados a contrata son miembros de la ANEF, y por ende de la CUT, esa evolución no afectaría el poder sindical en el sector público. Para avanzar en esta materia, debería reemplazarse la determinación por ley del número de cupos de planta en cada servicio por una autorización a los directores de los distintos servicios públicos a ajustar su personal en forma continua y descentralizada, siguiendo un procedimiento general establecido por ley que dé garantías de racionalidad e imparcialidad.