• Fecha: 5 Mayo 2008
• Autor: Alejandro Fainé
• Referencia: Diario La Segunda

Nuevo encargado del tema en el gobierno, Felipe del Solar, fija prioridades y anticipa que esta norma "implica un cambio en la cultura y en el cómo operan los funcionarios públicos".

La implementación de la Ley de Transparencia - hoy revisada en el Tribunal Constitucional, tras ser aprobada en el Congreso- marcará la agenda de Probidad 2008, según anticipa el flamante secretario ejecutivo de la Agencia para la Transparencia y Probidad, Felipe del Solar.

Este llega desde el mundo académico -experto en modernización del Estado en la Universidad Adolfo Ibañez y ex jefe de estudios de Transparencia Internacional- y anticipa que centrará sus energías este año en "la transformación más importante que tendrá el Estado de Chile en décadas". Una reforma que deberá combinar con otros desafíos de su cargo: la implementación de la ley del lobby ("habrá veto", confirma), seguir trabajando la reforma a la contraloría (sin plazo aún), crear la agencia de calidad de las políticas públicas y colaborar en los temas de anticorrupción que contempla la agenda con la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

¿Por qué le asigna tal importancia a la Ley de Transparencia?
El efecto de la publicidad es reducir espacios para comportamientos que pueden derivar en casos de corrupción, incentivando un actual más eficiente del aparato del Estado y los funcionarios públicos. Permite una mayor fiscalización y un mayor control ciudadano.
"Y al comparar esta ley con la de otros países -como Inglaterra o Nueva Zelandia-, se aprecia que está entre las mejores del mundo, pues conlleva un alto grado de publicidad y transparencia en las distintas reparticiones del Estado", reafirma.
Y del Solar detalla: "Amplias" reglas de transparencia activa (aquellos antecedentes que deben estar siempre a disposición del público): crea un ente autónomo, encargado de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley, integrado por cuatro miembros (propone el Ejecutivo y aprueba el Senado, con quórum de dos tercios). Actúa como defensor del ciudadano cuando hay denegación de justicia e incluso puede obligar al órgano o funcionario a entregarla.
"Sin un órgano de estas características, es muy probable que una ley semejante se deteriore en el tiempo y hubiera tenido una eficacia menor", enfatiza.

Se preparará plataforma tecnológica para responder a la ley
- Se establecen plazos perentorios para entregar la información solicitada. ¿Está preparado el Estado para responder tan rápido?
Ese el desafío de este año: adaptar y capacitar a las reparticiones para responder. La implementación implica un cambio en la cultura y en cómo operan los funcionarios públicos, los que por tradición de décadas- no porque sean corruptos- desarrollan su actividad sin participación más activa de la ciudadanía. Eso va a cambiar. Incluso un tema importante es el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite el cumplimiento de la norma.

Esta ley parte a fines de este año o principios de 2009, en tierra derecha a la presidencial. ¿Qué escenario visualiza cuando sea la sociedad en pleno y los medios los que demanden información, y que se percaten de que hay diversas fallas en el Estado?
Ese es el objetivo de la ley. Para eso fue creada. Suponer que esto necesariamente va a descubrir un aparato estatal profundamente corrupto, no lo creo.