• Fecha: 4 Mayo 2009
• Referencia: 4 de mayo 2009
• Referencia: La Tercera

Lunes 4 de mayo de 2009
Por Marco Salgado Balboa* / La Nación
EN DEBATE

Desde la implementación de la Ley de Transparencia, el debate se centró en la normativa que obliga a las instituciones poner a disposición de los ciudadanos información hasta hoy confidencial, pero no el fondo del proceso de transparencia que han experimentado los organismos estatales.
Desde la lucha política, las autoridades destacan su puesta en marcha y la capacidad del Estado para lograr su ejecución. La oposición se ha centrado en una eventual vinculación ideológica en la entrega de recursos públicos.
Lo importante es el cambio de mentalidad en la relación funcionarios públicos, autoridades y ciudadanos, desde un modelo de escepticismo a uno donde se generen mecanismos que garanticen la confiabilidad, esto con un aprovechamiento de las tecnologías (cada organismo debe publicar en sus páginas web la información que solicita la ley).
El avance tecnológico y la inyección de recursos se han plasmado en programas que tienen como fin la alfabetización digital y que han jugado a favor de la Ley de Transparencia: en la actualidad desde un computador, quien quiera puede sacar sus conclusiones sobre la información entregada.
Las primeras experiencias han sido exitosas, siendo Chile elogiado por sus alcances en accountability por diversas instituciones.
La reforma contempla el uso de las tecnologías en pos de la eficiencia, transparentando la adquisición de bienes y contratos públicos, rendiciones de cuentas, y la declaración y pago de cargas tributarias.
A esto se ha sumado un fuerte estímulo para lograr un contacto fluido con los ciudadanos. Se está analizando la incorporación del voto electrónico a nivel nacional y no sería ilusorio pensar en la configuración de políticas públicas a partir de propuestas de comunidades electrónicas o canales de participación en plataformas informáticas.
El acceso a la información, la normativa que garantice la transparencia de los órganos del Estado y la cobertura de la tecnología dejaron de estar sujetas a especulaciones para convertirse en prueba de un aporte a la democracia.
El debate ya no apunta a la existencia de las tecnologías de información en la política, sino a su aplicabilidad poniendo acento en cómo los ciudadanos se empoderan del proceso, haciendo suya la información.
En el actual escenario, el ciudadano tiene una poderosa herramienta para tomar sus decisiones sin pasar por las explicaciones de los actores involucrados en la interpretación de un hecho.
Sin desmedro de esto, hay que ser consciente de que la ley y la tecnología forman parte de un largo proceso, un nuevo desafío, donde el Estado y su estructura se deben adaptar; los ciudadanos de forma responsable deben aportar, porque la tecnología y una normativa de transparencia por sí solas no garantizan la efectividad del modelo político, más bien es el modelo, que haciendo uso del componente tecnológico, garantiza su efectividad.
La tecnología no es quien hace la democracia más democrática y la información más transparente, pero sí permite aportar en el mejoramiento y perfeccionamiento del modelo democrático.
El vínculo de un modelo de transparencia y el desarrollo sociotecnológico son una buena ocasión para que la información vuelva a su génesis: ¡el ciudadano!
*Director Corporación de Investigación y Promoción de los Derechos Fundamentales
Artículo escrito con la colaboración de Fortunato Morales, administrador público de la Universidad de Chile.