• Fecha: 27 Abr 2009
• Referencia: 26 de abril 2009
• Referencia: Emol

Domingo 26 de Abril de 2009

La nueva ley de acceso a la información pública y transparencia promete remover y cambiar muchos de los estándares y prácticas culturales del Estado y de la actividad política. Al primer impacto suscitado por la información que las dependencias, empresas, servicios y municipios han debido poner a disposición de los chilenos en sus portales de internet -conocido como transparencia activa-, seguirá un proceso paulatino de respuestas favorables y negativas a las solicitudes específicas de información que planteen los particulares, en ejercicio del procedimiento y las normas de transparencia pasiva que consagra esta legislación.
Su debut ha expuesto muchas situaciones que, más allá de la legalidad de las mismas, suscitan cuestionamientos y debates en la opinión pública. Lo anterior hace aún más meritorio el paso dado por nuestro sistema político y por los protagonistas que desde el Congreso -donde destacan los senadores Gazmuri y Larraín- y el Poder Ejecutivo -con el ministro Viera-Gallo- han impulsado esta iniciativa. Se trata de un avance inconcebible en muchos sentidos para varios países de la región.
El panorama latinoamericano parece encaminado en otra dirección y se observa una exacerbación del poder comunicacional estatal en detrimento de sectores de sus connacionales. Hugo Chávez, antes de privar de recursos públicos al líder opositor Manuel Rosales, modificar las competencias descentralizadas y de arremeter judicialmente en su contra, lo estigmatizó con el poder de los medios de comunicación controlados por el Estado venezolano. Igual sucede con Evo Morales y su oposición en Santa Cruz, y con las arengas públicas e intimidación mediática en contra de quienes disienten del rumbo oficial en Argentina.
Ese uso abusivo del poder comunicacional dirigido a dañar a los opositores degrada la calidad democrática de esos regímenes y los reduce, en algunos casos, a una mera liturgia de actos electorales sin vigencia de sus principios.
Sostener el impulso modernizador
Chile ha dado un paso sustantivo en el fortalecimiento de su democracia, pero que obliga a seguir avanzando.
La reacción ciudadana ante las diversas situaciones y circunstancias que se han hecho públicas demanda una respuesta responsable del sistema político.
Entre otros, han causado impresión las relaciones de parentesco en altos cargos de la administración pública y los riesgos de nepotismo, así como la amenazada independencia de organizaciones no gubernamentales que reciben cuantiosos recursos del Gobierno. Y surgen preocupaciones a las que se debe atender, tales como la asignación de fondos a centros de estudios e instituciones afines a las autoridades que los contratan; definir los criterios que posibilitan a ex funcionarios de primera línea prestar asesorías en esas u otras áreas tan pronto abandonan sus cargos; resguardar el respeto a las normas sobre financiamiento político frente a la contratación de estudios y actividades que no son de evidente justificación.
Sobre cada uno de esos temas cabe una reflexión profunda y detenida en la búsqueda de soluciones institucionales que las aborden, al margen de reacciones emocionales que pueden surgir en una primera etapa con el cúmulo de información pública que se ha conocido.
Nada sería más inconveniente que dejar estos temas entregados a la oposición y que el oficialismo adoptara una actitud defensiva.
Se trata de cambios en los estándares exigibles a cualquier sector que acceda al poder, y en un régimen democrático los roles de oposición y Gobierno son un asunto dinámico.
Chiledeportes y cuoteo: ¿Leyes de la política?
Esa discusión puede dotar de contenido edificante la campaña presidencial y parlamentaria en curso.
Las descarnadas declaraciones del ex ministro Francisco Vidal sobre el cuoteo político -sin consideraciones de mérito- imperante en el nombramiento de funcionarios públicos envueltos en las irregularidades de Chiledeportes causaron asombro.
Esas revelaciones también derivan de otro avance modernizador de los últimos años que aportó transparencia y publicidad a la actuación del Estado: el nuevo juicio penal oral.
Pero la gente espera más que las meras declaraciones de repudio de dirigentes y líderes de opinión frente a las malas prácticas develadas en esa repartición del Estado.
No sirve la explicación del ex ministro, para excusar responsabilidades, sobre una suerte de imperativo irresistible de la acción política.
Ni basta la mera negación del presidente del Partido Socialista.
Nada de eso transmite confianza en que las cosas van a cambiar. La ley de transparencia nos da la oportunidad y el marco para avanzar precisamente en esa dirección.
Nada sería más inconveniente que dejar estos temas entregados a la oposición y que el oficialismo adoptara una actitud defensiva.