• Fecha: 25 Nov 2011
• Autor: Moisés Sánchez
• Referencia: La Tercera

El proceso para designar a los miembros del Consejo para la Transparencia dejó clara la necesidad de modificar los actuales mecanismos.

EL PROCESO de elecciones de nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia ha llegado a su fin, y no de la manera más idónea. Desde su origen, el proceso de nominación de candidatos no se caracterizó por su transparencia, y la ausencia de mecanismos de participación fue la tónica. Estos constituían imperativos ineludibles para mantener la legitimidad y credibilidad de una institución vital para la democracia.

Detenerse ahora en los detalles y en la cronología de los hechos es entrar en lo añejo. Lo importante son los resultados y las consecuencias con el fin de obtener lecciones para un proceso a futuro. En este sentido, el aprendizaje es compartido, pues si bien el Ejecutivo cometió errores al presentar una primera nómina en la que pasó por alto la consideración a los méritos y experiencia en materia de transparencia y derechos humanos, el Senado tampoco estuvo a la altura al ratificar la segunda nómina propuesta de manera "express". Ello contribuyó a debilitar la instancia de audiencia de los candidatos en el Senado, convirtiéndola en una mera formalidad.

Si bien en un primer momento la Cámara Alta manifestó su rechazo a la primera nómina entregada por el gobierno y criticó la falta de información en el proceso, especialmente respecto de los méritos de los mismos, bastó que estos renunciaran a la "carrera" por el Consejo para la Transparencia para que se llegara a una negociación política respecto de los nuevos nombres. Luego los nominados se aprobaron a la rápida, con una audiencia convocada con horas de anticipación en la que se examinaron los candidatos, y una votación en sala realizada el mismo día, sin que existiera la posibilidad de un examen razonado de los méritos. Este "ponerse de acuerdo" no fue más que la expresión pura del "binominalismo" que impera en los procesos de designación de este tipo de cargos, que más allá de la opinión que se tenga de este modelo, genera espacios de opacidad, sin ninguna posibilidad de escrutinio público.

Este proceso dejó clara la necesidad de modificar los actuales mecanismos de designación de integrantes al consejo. Modificaciones que vayan más allá de cuestiones procesales que eviten la paralización de esta entidad frente a nuevos procesos de renovación, sino que establezcan parámetros que permitan evaluar los méritos de los candidatos y su adhesión a la cultura de la transparencia y los derechos humanos. Es imperioso definir plazos de duración de este proceso y mecanismos de subrogación, con el fin de que el consejo continúe sesionando y no retrasar sus fallos. Esto no sólo contribuye a la legitimidad de esta entidad, sino que reduce los períodos de "marcha blanca" de los nuevos consejeros.

Ahora sólo queda esperar ver en los hechos su compromiso con la transparencia, y que el principio de imparcialidad en la resolución de casos se vea cautelado por una adecuada y completa declaración complementaria de intereses, práctica que el Consejo para la Transparencia tiene desde su creación, que permite explorar las relaciones contractuales y comerciales de los últimos dos años.