• Fecha: 24 Abr 2009
• Referencia: 24 de abril 2009
• Referencia: La Tercera

abr. 23 , 2009

Hace pocos días entró en funcionamiento la Ley 20.285, con la finalidad de normar el principio de transparencia de la función pública y el derecho al acceso de la información de los órganos de la administración del Estado. Su ámbito de regulación recae sobre los procedimientos para el ejercicio de dicho derecho, estableciendo un sistema de amparo ante su desconocimiento y señala los casos de excepción. Su aplicación recae sobre todas las organizaciones públicas, entre ellas los municipios.

¿Podrán los municipios cumplir cabalmente con la Ley de Transparencia?
En mi opinión estos no se encuentran, en su generalidad, en condiciones de hacer frente a la disposición legal en cuestión. De acuerdo a un estudio sobre gobiernos electrónicos realizado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales, de los 345 municipios a lo largo del país, sólo 262 cuentan con sitio WEB operativo, la mayoría de ellos con carácter meramente informativo o con bajos niveles de interacción.

En lo referente al resultado sub Índice de transparencia activa 2008 contenido en este estudio, se estima en una escala de 1 a 100, que mide entre otras cosas la existencia de un link o banner con este nombre en donde se encuentren los documentos de ingresos, gastos, contrataciones, compras, entre otros; que es la Región Metropolitana la que se encuentra en mejores condiciones de hacer frente al cumplimiento de la Ley con 54 puntos porcentuales y las regiones IV y II en las peores circunstancias, con sólo 10 puntos porcentuales . Importante es señalar que el indicador mide transparencia activa, pues en el caso de la pasiva, en virtud de la cual la información debe entregarse a solicitud de alguna persona, los resultados debieran ser mucho más bajos por una serie de factores, en especial, aquellos referidos a la falta de un sistema de documentación que haga posible el archivo de información hacía atrás y un sistema de búsqueda avanzado y seguro que haga factible el proceso.

¿Cuál es el principal problema de la instalación de la ley de transparencia?

Creer, por una parte, que por el solo hecho de ponerla en vigencia y darle la obligatoriedad propia del precepto legal y por otra, entregar la tecnología necesaria a todos los municipios, el problema se resolverá.

La coyuntura actual, nos recuerda la situación del transantiago, donde el diseño de la política pública se confundió, instalando una estrategia comunicacional, por sobre un cambio cultural. Porque seamos claros, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, es por sobre todo, un problema de diseño de política pública donde el acento debe estar puesto en el cambio de paradigma, que nos dice con toda claridad que la información no le pertenece a la repartición pública y al propio Estado, sino que le pertenece al ciudadano, el que tiene el legitimo derecho de exigir su entrega.

El desafío de los municipios será entonces comprender que deberán invertir no sólo en capacitar a sus funcionarios en los alcances de la Ley, no sólo en el fortalecimiento de sus administradores de los contenidos WEB, sino por sobre todo, en convocar a su gente a comprender que deberán hacer un esfuerzo adicional, que no será remunerado económicamente, y quizás por el cual ni siquiera reciban un pequeño apoyo en virtud del esfuerzo, pero que deberán hacerlo, en virtud de lo más importante, de lo único que explicaría su sentido: el llamado a ser servidor público.