• Fecha: 22 Abr 2009
• Autor: Hernán Larraín
• Referencia: 20 de abril 2009
• Referencia: Emol

Tribuna
Lunes 20 de Abril de 2009

Hernán Larraín
Senador
Hasta hoy, las autoridades y funcionarios de todos los ámbitos del Estado han actuado como si la información que ellos conocen, administran y utilizan fuera propia, como si fuesen los titulares únicos e indisputados de su dominio. Hasta hoy. Mañana, la ciudadanía hará suya la propiedad de toda la información que exista en poder de los órganos del Estado y podrá acceder a ella, usarla y manejarla según sea su voluntad. Mañana, cuando entre en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.
Así de claro y profundo será el cambio que supone esta normativa. Tendremos por su intermedio un Estado renovado en sus cimientos. Uno con mejor gestión pública, ya que cualquier ineficiencia quedará de manifiesto rápidamente. Habrá menos corrupción, porque al caer los muros que posibilitan el ocultamiento, la sola posibilidad de ser sorprendidos en hechos indebidos producirá vergüenza, y ésta es el mejor antídoto para la falta de probidad. Y será Chile un país más democrático, sin necesidad de tener más elecciones, porque la obligación de informar y rendir cuenta que conlleva este régimen permitirá una efectiva e inédita participación ciudadana.
Quizás en otro tiempo un cambio de esta magnitud no habría sido posible. Es cierto. Se requiere, entre otros factores, un desarrollo educacional y tecnológico que lo permita y facilite, algo inherente a nuestro tiempo. Pero era necesario además contar con voluntad política para dar el paso, voluntad que supone acuerdos amplios y mucha madurez cívica. Luego de más de una década de intentos, ello se dio y podemos hoy entrar a este nuevo momento de la mano con su protagonista central: el ciudadano.
Habrá costos, particularmente en la implementación de esta legislación.
No todos los organismos llamados a aplicar esta ley están igualmente preparados para dar a conocer la cantidad de información a que están obligados. He notado especial preocupación en los municipios y en algunas empresas públicas. El morbo por conocer las remuneraciones puede tener consecuencias insospechadas. Puede ser también que en el entusiasmo, muchos quieran saciar la sequía informativa de años en un par de horas, generando una avalancha de requerimientos imposibles de atender. O que los archivos que se supone contienen lo solicitado no existan o sean de tal deficiencia que no se pueda cumplir con la exigencia, más allá de las buenas intenciones del funcionario. Puede ser.
El mismo Consejo para la Transparencia, entidad nueva que debe fiscalizar la aplicación de la ley, puede verse sobrepasado al poner en marcha este proceso y sentir la presión para que saque el látigo y castigue a quienes no la cumplen. En lugar de cooperar a que en un tiempo razonable se produzca el cambio que supone pasar de una cultura del secretismo a una de la transparencia, habrá nervios que pueden gatillar acciones confusas o contradictorias propias de la incertidumbre que traen consigo las grandes transformaciones. Habrá muchos incluso que, temerosos de verse expuestos a la luz pública, querrán provocar el colapso, amparados en algún medio de prensa irresponsable que tal vez piense que liderar este escenario le mejore su "rating".
Es cierto, todo puede pasar. Sin embargo, lo que no va a ocurrir es que, por una u otra razón, este proceso de apertura, donde la oscuridad cede espacio a la luz, se detenga o experimente algún retroceso. No hay vuelta atrás.
Este nuevo orden podrá demorarse uno o dos años en alcanzar su estado de régimen, algo normal si consideramos la experiencia internacional. Pero el proceso es irreversible, nos guste o no.
El ciudadano informado, que puede ejercer sus derechos y atender sus obligaciones, es una realidad contemporánea con la que los escépticos deben aprender a convivir. Y las autoridades, las que deben reformular su modo de actuar y tomar decisiones. El futuro no se compadece con tradiciones que rechazan o se apartan de la apertura, visibilidad y acceso al servidor público.
En verdad, se trata de la reforma más importante que ha tenido el sector público en décadas, que insinúa e inspira nuevas formas de ejercer y delimitar el poder.
Mañana será otro Estado.