• Fecha: 6 Jul 2010
• Autor: Federio Allendes
• Referencia: La Tercera

Este último tiempo hemos visto como los dictámenes generados por el Consejo para la Transparencia han permitido conocer antecedentes de interés público, antes reservados, con enormes beneficios para los ciudadanos, la prensa y el sector privado. Ello tiene que ver con la confianza que esta institucionalidad genera, y debe mantener.

Sin embargo, un reciente estudio de esta misma entidad señala que sólo un 20% de la población sabe de la existencia de la Ley, y sólo un 18,7% que existe un consejo que puede resolver sus quejas, cuyos remitentes se concentran en las grandes ciudades.

Ello demuestra la necesidad de invertir recursos en campañas de difusión que permitan a los ciudadanos conocer y ejercer sus derechos, mejorando el presupuesto disponible para esta materia.

Esto es aún más importante considerando la experiencia internacional que muestra que después de un período inicial de acento en el uso de recursos públicos, conflictos de intereses y probidad, los temas adquieren un carácter más social, donde educación, salud, seguridad social y urbanismo suelen ser reiterativos. En esta línea, el trabajo a nivel municipal, como principal mediador entre ciudadanía y sector público, es clave.
 
Un factor relevante para mantener esta confianza, es que existan mecanismos de designación de los integrantes de dicho Consejo que generen espacios formales de participación ciudadana, lo que podría ser parte del paquete de reformas a la Ley de Acceso a la Información. Por ahora, esperamos que el Senado de la República, al momento de deliberar sobre el reemplazante del ex consejero Roberto Guerrero, genere espacios de participación que recojan las observaciones de la ciudadanía, y la publicidad de la audiencia.

Federico Allendes
Presidente
Fundación Pro Acceso