• Fecha: 28 Abr 2009
• Autor: Sergio Muñoz Riveros
• Referencia: 28 de abril 2009
• Referencia: La Nación

Por Sergio Muñoz Riveros

ANÁLISIS

La entrada en vigencia de la Ley de Transparencia es un gran paso en la perspectiva de modernizar el Estado y perfeccionar los mecanismos de control democrático de los organismos públicos. Genera mejores condiciones para asegurar el respeto de las normas de probidad y combatir la corrupción. Es un chorro de luz sobre el aparato estatal que ningún otro país de América Latina ha sido capaz de lanzar.
Hay que valorar que ahora cualquier persona pueda acceder a la información sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos, desde la Presidenta de la República hacia abajo, o hacia arriba, ya que numerosos directivos ganan bastante más que la Mandataria. Es saludable que la comunidad sepa cómo se usan los dineros públicos en el Ejecutivo y en las empresas del Estado, pero también en el Congreso, en los municipios, en el Poder Judicial, en las FFAA y hasta en la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado. En rigor, ninguna entidad estatal debe quedar al margen del ojo fiscalizador de los ciudadanos.
Se sabía que al difundirse la información sobre los sueldos y otros gastos por internet, quedarían a la vista las incongruencias y zonas grises que siguen existiendo en las reparticiones estatales. Así ocurrió. Esto refuerza la exigencia de poner fin a los procedimientos que fueron, por ejemplo, el caldo de cultivo de experiencias tan corrosivas como las del MOP y Chiledeportes.
La oposición ha buscado sacar partido de aspectos como las donaciones a ciertas instituciones, los contratos a honorarios de personas que ocuparon otras funciones o el que los familiares de algunos altos funcionarios se desempeñen también en el aparato público, pero no es tan fácil crear la imagen de que el Estado es terreno fértil para cualquier abuso, porque no es así. Son los propios inversionistas extranjeros los que juzgan positivamente al Estado chileno en comparación con cualquiera de la región.
El país ha avanzado en la fiscalización del uso de los recursos del Estado y ha reducido los espacios de discrecionalidad. No sólo eso. El progreso de estos años es indisociable del papel jugado por el Estado en la reducción de la pobreza, el fomento de la actividad productiva, la expansión educativa, la reforma de la justicia, el mejoramiento de la atención de salud, el avance en materia de vivienda y la colocación de las bases de un sistema de protección social. Tenemos un Estado que, no por casualidad, encabeza el esfuerzo por contrarrestar los efectos de la crisis de un modo que inspira respeto en el exterior.
La derecha ha convertido en doctrina los recelos contra el Estado y el desdén hacia quienes trabajan para el Estado. Ello va de la mano con su endiosamiento del mercado como supremo distribuidor de los recursos. Pero ya hemos visto el gigantesco desastre internacional causado por los mercados sin regulación. La gran lección de la crisis actual es la necesidad de que el Estado proteja eficientemente el interés colectivo.
El debate sobre el cuoteo político no puede esquivarse. Más vale reconocer las malas costumbres con el fin de acabar con ellas. El problema no es que un gobierno de coalición distribuya las principales responsabilidades políticas con sentido de equilibrio, sino que los partidos crean tener derecho a una cuota de funcionarios en todos lados.
Es sabido que algunos parlamentarios "dirigen" los nombramientos de funcionarios en su circunscripción y que ciertos organismos parecen parcelas de un partido. La feudalización del aparato estatal es inaceptable. Los vicios deben erradicarse sin tardanza.
Fue un progreso el establecimiento del sistema de Alta Dirección Pública para seleccionar el personal del Estado, pero falta mucho para asegurar que los nombramientos de jefes de servicios y altos cargos respondan a las necesidades de hoy. Ello exige reclutar profesionales de excelencia que sean remunerados adecuadamente.
Necesitamos plena transparencia en el Estado, pero también en todas las entidades que reciben fondos públicos, como universidades e iglesias. En democracia, todos somos fiscalizadores, pero también fiscalizados.
El horizonte de Chile es cruzar el umbral del desarrollo en los próximos años. Por eso se somete hoy a exigentes evaluaciones internacionales. En otras palabras, no podemos conformarnos con poco.