• Fecha: 28 Abr 2009
• Referencia: 28 de abril 2009
• Referencia: Emol

La revelación de la magnitud de los sueldos que paga el Estado a personeros vinculados a la Concertación ha generado molestia en sectores de la ciudadanía. En efecto, la remuneración de algunos dirigentes asignados a las empresas estatales y a labores de asesoría supera los 10 millones de pesos brutos al mes; es decir, 60 salarios mínimos mensuales, que es el ingreso declarado en encuestas por el 14 por ciento de los ocupados, casi 900 mil chilenos.

En aparente respuesta, sectores del oficialismo han propuesto enfrentar el abuso que percibe la opinión pública exigiendo que también revelen sus ingresos otras personas, que se sabe obtienen ingresos aún mayores. Y en esta ocasión han apuntado a los ejecutivos de empresas privadas, proponiendo que "ellos también" transparenten sus sueldos.

La coalición gobernante equivoca el diagnóstico respecto al origen de esta transversal molestia ciudadana. La opinión pública ya conoce los sueldos de muchas personas que obtienen ingresos mayores que los dirigentes concertacionistas asignados a empresas estatales. Los fuertes ingresos de algunos deportistas, actores de la televisión y rostros del espectáculo e inventores, nacionales y extranjeros, han sido revelados en forma esporádica desde hace muchas décadas por los medios de comunicación masivos. La ciudadanía conoce esa información en términos generales y la ha madurado, en algunos casos con cierta discusión pública. Con todo, según las encuestas, en su gran mayoría la acepta como positiva, en cuanto remunere esfuerzos o habilidades extraordinarias puestos al servicio de la sociedad por medio de productos artísticos, deportivos o científicos.

Los medios también divulgan las utilidades de las empresas que usan grandes cantidades de capital y la identidad de sus dueños, lo que permite a los ciudadanos estimar el rango de los ingresos anuales de esas personas, y las millonarias pérdidas que han sufrido en la actual recesión. También aquí, una mayoría de los ciudadanos acepta como positivo que el capital sea remunerado en el nivel necesario para que sea atractivo reinvertirlo, o incluso atraer más de él al país, pues ello aumenta el nivel de actividad y la demanda por trabajo para todos.

La ciudadanía está molesta por un motivo distinto: percibe que muchos de los dirigentes concertacionistas asignados a las empresas estatales y a labores de asesoría no merecen esos sueldos. Han sido seleccionados más por cuoteo y lealtad que por capacidad o mérito, como han confirmado recientemente el ministro Vidal y el ex ministro de OO.PP. Carlos Cruz. Prueba de ello es que no todos estos altos ejecutivos designados políticamente en esas empresas estatales, una vez dejado el puesto, han sido contratados con sueldos similares por organizaciones independientes de la Concertación, tales como empresas privadas nacionales o extranjeras.

Por otro lado, la exigencia de transparencia a los sueldos estatales se funda en la obligación de informar a los ciudadanos que financian y controlan -a través del voto- al Gobierno. En el caso de los ejecutivos privados, la exigencia de transparencia es debida a los dueños de la empresa, no a los clientes o terceros.

Para responder a la molestia ciudadana, el Gobierno debería crear mecanismos institucionales para reducir la discrecionalidad y velar por la calidad de sus nombramientos en las dependencias públicas y empresas estatales. Al mismo tiempo, para aquellos puestos y labores que requieran ejecutivos y asesores con habilidades extraordinarias, y por ende necesiten pagar salarios altos para atraerlos, el Gobierno debería crear mecanismos imparciales para fijar sus sueldos con criterios de mérito.

El Gobierno debería crear mecanismos para reducir la discrecionalidad y velar por la calidad de sus nombramientos en las dependencias y empresas estatales.