• Fecha: 12 Jun 2008

En las últimas semanas se ha cuestionado públicamente el mal manejo de recursos públicos destinados a actividades de prevención del Sida por parte del Consejo de las Américas, entidad en la que participaban diversas instituciones de la sociedad civil y órganos públicos. Más allá de la responsabilidad legal que corresponda a cada actor por estos hechos, que corresponderá determinar en definitiva a los tribunales de justicia, esta situación puso en evidencia la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil transparenten su gestión y efectúen rendiciones de cuentas de cuentas conforme a estándares internacionales.

En este contexto, la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Acceso a la Información Pública -que actualmente está siendo examinada por el Tribunal Constitucional-, da cuenta del nuevo protagonismo que está adquiriendo la noción de Transparencia al interior del Estado, lo que debe ser un impulso para que las organizaciones también asuman la responsabilidad que les corresponde en esta materia, especialmente si consideramos que muchas de sus actividades son de evidente interés público.

Cuando se encuentra en tela de juicio la credibilidad de algunas instituciones de la sociedad civil, se hace necesario tomar la iniciativa y adoptar de manera tajante medidas que permitan generar avances en materia de transparencia. En un escenario en que el Estado ha estado dispuesto a mejorar, también la sociedad civil debe mostrar lo suyo. Desde luego, hay que respetar las especificidades, y por ello resulta prioritario definir los estándares mínimos que deben regir al sector en este ámbito. Rescatar las buenas prácticas internacionales, y la labor normativa de las comisiones de ética, resultan esfuerzos esenciales para promover este cambio cultural. De lo contrario, será el regulador el que asumirá este rol.