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Transparencia: El valor detrás de la ley

Lunes 20 de Abril de 2009
Fuente :Por Patricio Martínez, Gerente de Negocios Sector Público de SAP Chile

Estamos ad-portas de la entrada en vigencia de una nueva ley de transparencia que implicará que las organizaciones del Sector Público se involucren en un positivo proceso de transformación de sus operaciones, para poder cumplir los objetivos que la ley propone. El desafío no es menor, por cuanto se deben disponer los procesos, personas y recursos para articular una propuesta de valor distinta para el ciudadano. El fin último de la Ley, debiese fortalecer y consolidar la definición los objetivos estratégicos de los servicios públicos, cuyo foco está puesto en la equidad, la descentralización, cobertura social, gestión eficiente, garantías de acceso ciudadano a la información y maximización del "retorno público" sobre la utilización de los presupuestos.

El cumplimiento de estos objetivos supone un enfoque de administración por procesos y no de procesos. Lo anterior, implica integrar eficientemente los procesos institucionales de gestión financiera, administración de la relación con el ciudadano, administración de la relación con proveedores, generación y distribución de productos y servicios y gestión del capital humano. Estamos hablando de un proceso de cambio institucional, por cuanto la invitación subyacente es a cambiar el modelo de negocio o servicio de las instituciones públicas: la manera en que éstas generan valor para el ciudadano. Esa es la propuesta de fondo.

Las tecnologías de información hoy se hacen cargo no sólo de las necesidades históricas de las organizaciones, sino que proveen también una plataforma tecnológica integrada, escalable, gestionable y orientada al ciudadano, que proporciona, a un costo eficiente, flexibilidad y adaptabilidad a los cambios en las necesidades de la ciudadanía y las normativas gubernamentales. La implementación de un sistema planificador de recursos gubernamentales (GRP) con una arquitectura orientada a servicios, permite tener una visión integral de la gestión institucional y una correcta definición, gestión y auditoría de los procesos y sus responsables a través de indicadores objetivos y confiables. De esta forma, se facilita la obtención de información para la correcta toma de decisiones y se incrementa la transparencia, disponibilidad y oportunidad de la información para ponerla en manos de la ciudadanía que, poco a poco, se involucrará como un ente fiscalizador más.

Conocido es el caso del Ministerio del Medio Ambiente Español, que con una exitosa implementación y correctas herramientas de gestión documental, logró dar un tratamiento integral a las consultas parlamentarias, agilizando el proceso de tramitación y estableciendo un flujo de trabajo integrado, reutilizando información de consultas previamente tramitadas y controlando en todo momento el estado y prioridad de éstas, permitiendo de esta forma una auditoría inobjetable de las actividades realizadas. Otro caso interesante es el del Municipio de Tampico en México, donde además de disminuir los cierres contables en un 50% y reducir el proceso de pedido a pago de proveedores en un 45%, logró aumentar en un 180% la cantidad de solicitudes ciudadanas resueltas en menos de 48 horas.

En conclusión, el desafío que enfrentan las instituciones públicas no es sólo cumplir con la ley, sino más bien embarcarse en un proceso de transformación para generar una propuesta distinta a la ciudadanía. Las tecnologías de información, son un habilitante esencial.