Transparencia Municipal: La agenda pendiente
- Fecha: 5 Sep 2011
- Referencia: La Tercera

Un reciente estudio encargado por el Consejo para la Transparencia al Centro de Políticas Públicas de la UC , permitió constatar importantes deficiencias en la implementación de las políticas de transparencia activa a nivel municipal; y una gran dispersión en los niveles de cumplimiento, dependiendo del carácter urbano o rural de las mismas. Si consideramos que la publicación proactiva de información es “la punta del iceberg” en el proceso de implementación de la ley de acceso a la información, los bajos niveles de cumplimiento constatados a este nivel pueden ser aún más preocupantes.
De entrada, este estudio evidencia que ningún municipio cumple con informar el total de los ítems que deben estar presentes por transparencia activa, y quienes mejor lo hacen –tienen en línea información en 12 de los 13 ítems exigidos por la ley– representan sólo el 0,3% del total. En la generalidad de los casos (60% de los municipios), los municipios cumplen con informar entre dos y cinco ítems, siendo cuatro el promedio nacional de cumplimiento, lo que es muy bajo.
Hay otros datos que muestran lo difícil y complejo que es enfrentar las políticas de transparencia a nivel local. Desde la partida, un 4,3% de los municipios aún no cuenta con página web lo que, más allá de incidir en el incumplimiento de la ley de transparencia, evidencia que existen deficiencias estructurales que deben ser objeto de reflexión y análisis. En esta misma línea, el estudio muestra que el mayor nivel de cumplimiento se presenta en las grandes comunas urbanas y metropolitanas, que totalizan un promedio del 6,3% de las materias a informar, en tanto que las rurales con importantes núcleos urbanos sólo llegan a un 3,6%.
Es claro que a nivel local existen muy diversas realidades geográficas, culturales y presupuestarias, que se deben tener presente a la hora de hacer diagnósticos y tomar medidas de implementación de la ley de transparencia en los municipios. Sin embargo, tampoco se debe perder de perspectiva el hecho de que este alarmante bajo nivel de cumplimiento se produce después de más de dos años desde la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información pública, por lo que a esta altura no se puede (o no se debiera) argumentar que tales deficiencias tienen que ver con el poco tiempo que se ha tenido para implementarla.
Si tenemos presente que son los municipios las entidades públicas con las cuales el ciudadano tiene mayor grado de relación, resulta casi paradojal que esta política de transparencia tenga tan bajo nivel de cumplimiento a este nivel. En este sentido, es importante que tanto la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) como el Consejo para la Transparencia, comiencen a tomar medidas que permitan avanzar hacia una real y efectiva implementación de la ley de acceso a la información a nivel municipal.


