• Fecha: 30 Jul 2007

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Nuevas formas de intervención en litigios de interés público ha abierto el caso Masprot contra el Servicio Nacional de Aduanas. Tras quince años de trámites judiciales, la discusión ha sentado precedente para futuras acciones, no solo relacionadas con el acceso a la información pública, sino en todas aquellas en que la sociedad civil se quiera hacer presente.

Inicio del conflicto

El pleito tiene sus raíces en el año 1992 con una investigación iniciada por el Servicio Nacional Aduanero (SNA) en base a diversas denuncias presentadas por la empresa Masprot sobre supuestas irregularidades en la valoración de mercancías importadas (mascarillas antitóxicas) por las empresas extranjeras M.S.A. Chile y 3M Chile. Luego de 10 años de investigación, el organismo público concluyó que no existieron anomalías por parte de las empresas cuestionadas.

Masprot Ltda., con el motivo de transparentar el mercado según los criterios de la libre competencia entre productores nacionales e internacionales, solicitó al SNA acceso a los resultados de la investigación cursada, petición que fue rechazada el 2 de Septiembre de 2004.

Ante esto, se interpuso un amparo de acceso a la información pública en contra del SNA, en diciembre del mismo año, ante el 3º Juzgado Civil de Valparaíso, tribunal que acogió la acción. La Justicia concluyó que los antecedentes solicitados no tenían el carácter de reservados, a diferencia de lo manifestado por el Director del Servicio Aduanero.

Luego, el caso pasó por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que revocó la sentencia, considerando que el reglamento de discrecionalidad en el estatuto reglamentario del organismo era razón suficiente para reservar la información.

Sin embargo, modificaciones constitucionales a raíz de la Ley nº 20.050, cambiaron el escenario y se pudo reiterar la solicitud al 1er Juzgado Civil de Valparaíso, quien la acogió. Ante la apelación del SNA a dicho fallo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó, para una mejor resolución, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de las causales de reserva emitidas por el organismo público, el cual se dará a conocer próximamente.

La incorporación del Amicus Curiae

Sin duda alguna, la característica que posicionará al caso Masprot en los anales del sistema judicial chileno, es la introducción de una nueva herramienta que aporta datos relevantes para la discusión de un determinado conflicto.

Es el Amicus Curiae, documento que puede ser presentado por personas ajenas al juicio en beneficio de alguna de las partes. Este escrito, que proporciona nuevos puntos de vista para la tramitación de un caso, no solo es un instrumento valioso para una mejor resolución, sino que abre la posibilidad a distintos sectores de la sociedad civil de hacerse parte en procesos de su incumbencia.

De esta manera, el Amicus Curiae fortalece las prácticas democráticas en instancias judiciales, antes solo accesibles para aquellos con directa relación en la materia.

En el caso Masprot, pionero en introducir dicho material como parte del proceso, tomaron parte organizaciones como el Open Society Institute y la Asociación de Derechos Civiles de Argentina (ADC) con el fin de apoyar dicha acción legal, lo que elevó la discusión a distintos sectores.