La Universidad de Chile contesta alegando confidencialidad de la información solicitada.

Se encuentra adjuntada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 19 de Septiembre de 2006, tanto en inglés como en español, y un resumen de la sentencia en inglés.

Adjunto el alegato final escrito por la CIDH. Para revisar los alegatos finales presentados por los Representantes y por el Estado, ver http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/claude1.htm

El 13 de marzo de 2006, Juan Pablo Olmedo como representante remitió las declaraciones escritas de los peritos Tomás Vial Solar, Miguel Ángel Fernández González y Davor Harasic Yaksic a la Corte. 

Demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile.

RESUMEN : Carlos Lean Casas Cordero y Jaime Lean Mrida denunciaron ante la Dirección Nacional de Aduanas ciertas irregularidades en el valor de importación y en la rotulación de productos utilizados en la elaboración de una mascarilla antitóxica, que, de acuerdo a una investigación realizada durante 24 años, ha producido una distorsión en los precios ofrecidos por la industria nacional y la extranjera. Los denunciantes solicitaron acceso a los resultados de dicha fiscalización, el que fue negado porque a juicio de la Dirección Nacional de Aduanas se trataba de “información de carácter económico y financiero de las empresas denunciadas y se refieren a operaciones aduaneras individuales.”

RESUMEN: Fundación TERRAM ONG dedicada a la protección del medio ambiente, solicita copia de las denuncias interpuestas por CONAF en los juzgados de policía local de la ciudad de Valdivia. La fundación intenta con dicha medida fiscalizar el cumplimiento de Decreto Ley 701 (Normativa sobre Fomento Forestal). La fundación TERRAM solicita los informes que sirvieron de base a las investigaciones, además de copias relativas a todas las medidas que adoptó la CONAF en virtud de las mismas. El recurrente señala que el derecho de acceso a la información es un instrumento base para el control que la ciudadanía puede –y debe- ejercer sobre sus autoridades.

En octubre 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el primer caso en contra del Estado por vulneración al derecho de acceso a información pública.

RESUMEN: El Banco Central (BC) señala que no se encuentra bajo el amparo de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, - en adelante LOCBGAE - y por lo tanto, no le serían aplicables las normas de transparencia y publicidad. ¿La razón? Su propia Ley Orgánica Constitucional (LOCBC) que – en su artículo 66 - señala que la regla general para el funcionamiento del mismo es el secreto y reserva de las operaciones que ejecute, salvo autorización de la entidad que participó. Señala, además, que el informe había sido elaborado por otro órgano del Estado - la CONAF -, a quien deberían haberse dirigido los recurrentes (ésta poseería la propiedad de la información).

RESUMEN: El arquitecto Juan Pablo Vigneaux constata un conjunto de irregularidades en las construcciones de la urbanización “Algarrobal” en Colina. Ante ello solicitó una serie de audiencias ante el Contralor General de la República para entregarle dichos antecedentes. En virtud de ello se inició un sumario administrativo que terminó con sanciones a algunos funcionarios de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Colina?. El demandante requirió copia del sumario para conocer no solo lo resuelto sino también la forma de como se tramitó el procedimiento sancionador dos años más tarde de la denuncia. Terceras personas – sancionadas por el sumario - se opusieron a la entrega del expediente, razón por la cual Vigneaux demandó a la Contraloría General de la República (CGR) por denegar el acceso a la información pública.