Con fecha 20 de agosto de 2008 fue publicada en el Diario Oficial la Ley No 20.285, sobre "Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado". Esta ley regula el ejercicio de este derecho respecto de los órganos de la administración del Estado, los que están en virtud de ella obligados a responder las solicitudes de información de los ciudadanos (Transparencia Pasiva), y a mantener en sus páginas webs una serie de antecedentes de interés general a disposición permanete del público (Transparencia Activa). Además, establece modalidades específicas para los óganos autónomos constitucionalmente, las empresas públicas, el poder legislativo y judicial.

Nuevas indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley sobre acceso a la información pública, emitidas el 27 de agosto del 2007, limitan las funciones del Consejo para la Transparencia.

En el mes de Julio de 2007, la organización internacional con sede en Londres Articulo XIX, en colaboración conjunta con Fundación Pro Acceso, elabora un informe que analiza las implicancias legales del proyecto de ley de acceso a la información, en su versión aprobada por la Cámara. Estas observaciones fueron tomadas como indicaciones en la comisión mixta. La presentación de este informe estuvo acompañada de una campaña internacional que incluyo a diversas organizaciones nacionales e internacionales, y consideró la publicación de un inserto con sus principales recomendaciones en "El Mercurio".

El 13 de junio de 2007, el proyecto de ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado salió de la Cámara de Diputados, que le agregó algunas enmiendas.

La comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, emitió el informe del segundo trámite a que es sometido el proyecto de ley sobre acceso a la información publica.
En él se detallan las características del proyecto con las modificaciones efectuadas por la comisión, entre las que se destacan, la regulación del principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Dichas norma serán aplicables únicamente a los órganos de la Administración del Estado, dejando fuera de su alcance al poder Judicial y al poder Legislativo.

El 29 de enero de 2007, Fundación Pro Acceso fue invitada a la Comisión de Constitución de la Cámara, con el fin de recibir sus apreciaciones en torno al nuevo proyecto en tramitación. Dichas observaciones fueron entregadas en un documento elaborado por Juan Pablo Olmedo, Presidente de la Fundación,  y por Tomás Vial Solar profesor de Derecho Constitucional.

Con fecha 6 de diciembre de 2006, fue remitido a la Cámara de diputados una indicación que sustituyó el proyecto Larraín Gazmuri por uno nuevo, que surgió a partir de las propuestas generadas por un comité de expertos y que se concretaron en el “Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública”, que fue encargado por S.E. la Presidente de la República,

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analiza el nuevo artículo 8º de la Constitución de la República y se pronuncia acerca de su alcance frente a algunas disposiciones del Reglamento del Senado que establecen lacelebración de sesiones secretas o la realización de votaciones del mismo carácter.

La reforma constitucional de agosto de 2005 introdujo un nuevo artículo 8º a la Constitución, consagrando el principio de “máxima revelación”, ampliando el acceso a la información a todos los órganos del Estado. Asimismo restringe las causales de reserva a proteger el derecho de las personas, el normal funcionamiento del órgano, el interés nacional y la seguridad nacional, todas las cuales deben establecerse por medio de una ley de quórum calificado.

En abril de 2005, se presenta un proyecto de ley que introduce mejoras al estatuto del derecho de acceso a información pública, contenido en los artículos 13 y 14 de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado. Con fecha 6 de diciembre de 2006, en momentos en que se encontraba en segundo trámite constitucional en la cámara de diputados, fue objeto de una indicación sustitutiva por parte del ejecutivo que reemplazo la totalidad de su texto.