2005 fue un buen año en materia de Acceso a la Información Pública
- Fecha: 31 Ene 2006
- Autor: Andrea Sanhueza
Doce meses de intenso trabajo en terreno y positivos frutos deja el balance 2005 para Andrea Sanhueza, directora Ejecutiva de Corporación Participa. Las labores de capacitación a empleados públicos y organizaciones sociales, medición del flujo de información en los servicios públicos y el Congreso y, de paso, retroalimentándose con las experiencias de los funcionarios, han servido para reforzar el convencimiento de esta institución de que erradicar el secretismo sólo puede nacer de un esfuerzo conjunto de la población, las autoridades y de quienes se desempeñan en las oficinas estatales.
Aunque considera que todavía queda mucho por avanzar y siente que les faltó tiempo para desarrollar actividades, Andrea Sanhueza, no duda de calificar positivamente lo obrado el año que se fue.
Destaca que durante el año 2005 se lograron avances normativos muy importantes, con la incorporación del Artículo 8º en la Constitución –que establece la publicidad de los actos públicos- y la derogación del Decreto Supremo Nº 26. Pero para ella el principal logro es de la Sociedad Civil: haber puesto en evidencia en la discusión pública que la falta de Acceso a la información es un problema que afecta a nuestra democracia.
Participa se define como una organización dedicada al fortalecimiento de la democracia desde la perspectiva de los derechos ciudadanos y los valores democráticos. Por lo mismo, consideran “el Acceso a la Información Pública, entendido como un derecho ciudadano, un derecho transversal, que facilita y sienta las bases para el ejercicio de otros derechos ciudadanos, como votar o participar en la gestión pública”.
“Para Participa el Derecho de Acceso está en la médula de lo que hacemos. Mientras lo promovamos y obliguemos al Estado a respetarlo, estamos en condiciones de fomentar el ejercicio de otros derechos”, explica Andrea Sanhueza.
— El acceso no es igual a tener información de calidad…
Efectivamente. Hemos detectado en distintas evaluaciones que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor en materia de preparar información, simplificarla, actualizarla y difundirla. Sin duda hay un avance, pero cuando hablamos de información tenemos que incluir tanto la que el Estado genera solo como aquella que se produce en respuesta a una solicitud, por lo que el trabajo debe concentrarse en esos dos frentes.
— Pero en el nuevo proyecto se estipula que el Estado no tiene la obligación de generar información.
Es verdad. Y hay que operar un cambio para que se entienda que Acceso a la Información implica acceder tanto a lo que se demanda como lo que el Estado ofrece. En ambos casos hay que simplificar o adecuar la información para que ésta sea accesible para la gran mayoría de las personas, y eso requiere un esfuerzo por parte del Estado. Otro esfuerzo debe centrarse en integrar y coordinar las distintas fuentes de información que existen a través de las distintas páginas web, porque hoy vemos una parcelación importante de los distintos temas dependiendo de las competencias de los servicios públicos. Todo eso se logra generando nueva información y trabajando en conjunto.
Cambios de mentalidad y diseño institucional
— ¿Cuál es el modelo de Acceso a la información que proponen?
Hemos estado trabajando muy fuerte en terreno a través de distintos talleres, donde la meta es que la gente comprenda que el Acceso a la información Pública es un derecho y que -por lo tanto- el ciudadano tiene derecho a pedir información que está en manos del Estado, tiene derecho a que le den una copia de esos documentos, tiene derecho a no decir por qué o para qué la quiero ni en qué la voy a usar. Todavía hay mucho que trabajar en el país en esa línea.
La contraparte de eso es sensibilizar y capacitar a las autoridades y los funcionarios públicos -en especial a quienes están a cargo de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de los distintos servicios públicos- en torno al deber del Estado de entregar esa información a través del proceso establecido.
Sensibilizados la población y el Estado (los funcionarios, principalmente), hay que concentrarse en el diseño institucional. En el trabajo en terreno hemos descubierto que los servicios públicos actúan de forma espontánea y errática en la materia, porque no existe un proceso establecido al interior de cada uno de ellos para saber quién responde qué o cuáles son los plazos.
Además, se debe traducir la información, ponerla en un lenguaje fácil, transformarla en una pregunta y decirle a las personas “si usted tiene esta duda, aquí se la tienen que contestar”. En definitiva, es un trabajo muy fuerte en estos dos lados, tanto con el Estado como con la ciudadanía.
— Haciendo un balance de lo realizado en 2005 ¿Diría que fue un buen año en términos del Acceso a la Información?
Creo que el año pasado fue un buen año en la materia. El Acceso a la información Pública tuvo una exposición razonable en la opinión pública, gracias a diferentes esfuerzos e iniciativas. Se asentó la idea de que vivimos en una cultura del secreto y eso tocó una fibra en los chilenos.
Todo eso rodeado por la existencia del nuevo proyecto de ley, que no es perfecto pero viene a reparar bastante las debilidades que tenemos; por los esfuerzos por eliminar el Decreto Supremo Nº 26; las reformas constitucionales y la inclusión del artículo 8º en la Carta Magna. Sin duda fue un año en el que se discutió el tema fuertemente desde distintas perspectivas, por lo tanto hay una buena base para avanzar.
Desafíos
— ¿Hacia dónde dirigirán sus energías este año?
Queremos seguir trabajando en capacitaciones. Es algo en lo que nos ha ido muy bien y nos entusiasma. Nos interesa la línea de apoyar el mejoramiento institucional en algunos servicios públicos que ya están promoviendo cambios en Acceso a la Información. Sentimos que nuestra experiencia puede ser un aporte para ayudar a definir cómo debería ser el flujo interno de información en los servicios. Esto se puede vincular con los Programas de Mejoramiento y Gestión (PMG) que tiene cada servicio público, donde se definen una serie de logros que va a cumplir durante ese año de gestión y luego se evalúa su cumplimiento. Ojalá el Acceso a la Información y la capacitación de las OIRS fuera un tema más a evaluar en los PMG.
— ¿Cómo evalúa la actuación de la Sociedad Civil en el tema?
Hemos actuado bastante por separado. Este año tenemos que ser capaces de crear y fortalecer las alianzas. Debemos entrar en una etapa de mayor coordinación y mayor impacto. Como las organizaciones ya hemos ido ganando experiencia, y tenemos distintas especialidades, tal vez estamos frente a una excelente oportunidad para fortalecer el trabajo en grupo.
En sus palabras
Resumen actividades 2005
Cuando hicimos el estudio sobre Acceso a la Información Pública con la metodología de Open Society -que tuvo bastante impacto-, nos dimos cuenta de las debilidades que existían. Entonces iniciamos capacitaciones en siete regiones, donde trabajamos con funcionarios de las OIRS y con organizaciones sociales. Nos centramos en plantear en forma fácil y sencilla el marco legal y, por lo tanto, cuáles son las obligaciones del Estado y cuáles son los derechos de los ciudadanos
Es una actividad súper simple y muy bien evaluada, porque notamos que existe un vacío. Además, esta “bajada a terreno” nos sirvió para descubrir lo sola que está la gente de las OIRS. Gente motivada, con ganas de hacer su trabajo, de aprender, pero todas manifestaban la falta de voluntad política de los servicios públicos. Algunos tenían que esperar 6 meses antes de que les colocaran el teléfono, y eso denota que en las reparticiones aun no entienden que la OIRS es la puerta de contacto del ciudadano con los servicios públicos.
Además, Participa pertenece a dos redes internacionales, y en una de ellas tiene un liderazgo bastante activo. La primera es el proyecto “Participación Ciudadana para la Cumbre de las Américas”, que nace a partir de los compromisos adquiridos por los gobiernos en la Cumbre de Québec (2001). Nosotros coordinamos una red que está en 21 naciones, donde lo que se hace es diseñar una estrategia -factible de aplicar todos los países- que nos permitiera evaluar cuál era el estado del arte y cuánto podían se podía avanzar en la implementación de los mandatos. Uno de los temas que elegimos fue acceso a la información y libertad de expresión.
Esa red es un claro ejemplo de cómo la Sociedad Civil puede aprovechar una instancia intergubernamental, donde se adquieren compromisos, para ver cómo aterrizar ese compromiso en la realidad de cada país. Es otra forma de exigir rendición de cuentas y ejercer control.
Participa también es miembro de la Red Iniciativa de Acceso, que busca la implementación del Principio 10 de la declaración de Río. Este principio habla de Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Justicia en temas ambientales. En esta red también trabajamos una metodología que se aplica a una serie de países para decir cómo el gobierno ha avanzado en estos temas.
Una tercera y última iniciativa internacional es la Alianza por el Principio 10, que es una iniciativa global que nace en el marco de la cumbre de Johannesburgo, donde el sistema de Naciones Unidas promovió las alianzas de ONGs, gobiernos u organismos internacionales para apoyar los compromisos que se establecieron allí.
En el marco de la iniciativa acceso, estamos trabajando en conjunto con Conama, Rides, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur (Codesosur) y la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que se integró recientemente, que tiene todo el trabajo de capacitación y apoyo a las OIRS.
Nuestro trabajo allí se ha centrado en ponernos de acuerdo en compromisos tangibles, que no sean de muy largo plazo sino concretos. Y hemos elaborado materiales y cartillas que han recibido los funcionarios con esta línea de trabajo.
También trabajamos en el proyecto Congreso Transparente, donde uno de los objetivos fue analizar los reglamentos de ambas cámaras en función de tres principios: Participación, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya tenemos un muy buen análisis de cuáles son las debilidades y fortalezas de ambos reglamentos y cómo pueden superarse. A la vez hicimos un ejercicio de solicitar información y los resultados son bastante desalentadores. Claramente, la burocracia del congreso tiene que pasar por un proceso de cambio cultural y reingeniería.
En ese mismo proyecto entregamos a la opinión pública un estudio sobre cuál es la opinión de los chilenos sobre el Congreso, donde quedó reflejada una gran desinformación y poco interés. Ese proyecto continuará en marzo con el nuevo Congreso. Esperamos que los nuevos presidentes de ambas cámaras tomen como parte de su agenda este tema, para que podamos trabajar más tanto con los parlamentarios como con los funcionarios.
Lo otro que hicimos fue el monitoreo del gasto electoral, donde nos encontramos que no existe un acceso a la información real y claro para las personas. Esa falta de acceso impide que se pueda votar informadamente, al menos en lo que respecta al financiamiento electoral. Hicimos un seminario en abril para evaluar la ley de gasto y lo queremos repetir en abril de 2006.
