El proceso para designar a los miembros del Consejo para la Transparencia dejó clara la necesidad de modificar los actuales mecanismos.

EL PROCESO de elecciones de nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia ha llegado a su fin, y no de la manera más idónea. Desde su origen, el proceso de nominación de candidatos no se caracterizó por su transparencia, y la ausencia de mecanismos de participación fue la tónica. Estos constituían imperativos ineludibles para mantener la legitimidad y credibilidad de una institución vital para la democracia.

A partir de la salida del señor Samuel Donoso de la nómina enviada por el Ejecutivo al Senado, pareció abrirse un espacio para retomar el diálogo entre el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y la coalición de partidos de oposición para encontrar una fórmula de consenso que permitiera encontrar integrantes idóneos y con méritos comprobables para el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, esta fórmula presenta grandes dificultades, que pueden redundar en una dilación innecesaria para la integración de este importante órgano para la democracia del país.

Al cerrarse el primer ciclo del Consejo para la Transparencia (CpT), resulta oportuno reflexionar sobre los obstáculos, aprendizajes y desafíos que ha planteado la instalación de este nuevo órgano del Estado responsable de establecer y desarrollar una cultura de la transparencia en nuestro país.

Aun cuando la inicial adhesión gubernamental posibilitó la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del año 2009, prontamente esta fue debilitada por una creciente resistencia del Ejecutivo a sus provisiones, lo que fue limitando sus competencias a una función resolutiva de casos de denegación de acceso a información pública y de fiscalización de transparencia activa.

Esta semana hemos visto a través de la prensa la polémica generada por el proceso de renovación de dos de los integrantes del Consejo para la Transparencia, que terminan su período el día 28 de octubre. Parte sustantiva de este conflicto está en la señal de pérdida de independencia y autonomía que representaría para este órgano la no renovación en sus cargos de estos consejeros por parte del Ejecutivo, quienes -a juicio de todos los sectores y la opinión pública-, han realizado un destacado trabajo en defensa del interés público.

Señor Director:

Durante esta semana, la prensa puso una voz de alerta respecto de los obstáculos que se están poniendo al Consejo para la Transparencia en la discusión de su presupuesto anual, lo que se traduce en la práctica en la imposibilidad de que esta entidad pueda llevar adelante el Portal de Transparencia del Estado, uno de sus proyectos más emblemáticos. Esto no es ninguna novedad, pues año tras año se han colocado distintas cortapisas para el real fortalecimiento de esta institución clave para nuestra democracia. Sin embargo, esta circunstancia -que de suyo ya es bastante alarmante- no se compara en nada con el peligro que representa para este organismo defensor de los derechos ciudadanos la opacidad con que se está llevando adelante el proceso de renovación de dos de sus integrantes.

Un reciente estudio encargado por el Consejo para la Transparencia al Centro de Políticas Públicas de la UC , permitió constatar importantes deficiencias en la implementación de las políticas de transparencia activa a nivel municipal; y una gran dispersión en los niveles de cumplimiento, dependiendo del carácter urbano o rural de las mismas. Si consideramos que la publicación proactiva de información es “la punta del iceberg” en el proceso de implementación de la ley de acceso a la información, los bajos niveles de cumplimiento constatados a este nivel pueden ser aún más preocupantes.

La evidencia que puso en conocimiento público el diario El Mostrador en estos últimos días, sobre el uso ilegal que ejecutivos de la empresa del retail La Polar hacían de los datos de los chilenos que están en custodia del Fondo Nacional de Salud (FONASA), para contrastarlos con sus propias bases de datos de clientes y deudores, no sólo constituyó un llamado de alerta, sino también la expresión más concreta del caos que impera en el país en esta materia, lo que amerita tomar medidas urgentes e inmediatas.

La celebración del contrato entre el Gobierno de Chile y la empresa Brandmetric para el monitoreo de los comentarios en redes sociales sobre la gestión del gobierno, ha generado revuelo en la opinión pública por los potenciales riesgos que esto podría traer para la vida privada de las personas. Los argumentos que se han esgrimido para justificar dicho monitoreo, fundados en una ambigua definición de la utilidad de dicha información, no resultan lo suficientemente sólidos y consistentes como para justificar una intervención de este tipo, y pasan a llevar los principios internacionales y experiencia comparada que existe en la materia.

Uno de los directores de Fundación Pro Acceso se hizo presente en el II Seminario Internacional de Transparencia, donde participó como panelista de uno de los talleres. Previo a su exposición, el abogado analizó los avances de Chile en esta materia, siendo tajante en que aún hay mucho por perfeccionar, sobre todo a nivel de transparencia municipal. Además, evaluó el actuar del Consejo para la Transparencia y se refirió a los desafíos que tiene por delante la fundación que co-dirige.

Carta a El Mercurio de Moisés Sánchez, en respuesta a Rafael Pastor quien, en una misiva publicada por el mismo medio, afirmó que los esfuerzos en materia de transparencia deben focalizarse en la publicación proactiva de información por parte de las instituciones y no en la "transparencia pasiva".