Señor Director:

El martes fue aprobado por parte de la cámara de Diputados el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello, se marca un hito histórico al integrarse Chile al circuito de países que cuentan con este tipo de estatutos, y al más selecto club de aquellos que cuentan, con un órgano especializado para proteger el derecho de los ciudadanos de acceder a la información, denominado Consejo para la Transparencia.

Autoridades y empresas públicas estarán obligadas a publicar la información sobre sus gestiones.

Un importante paso en materia de transparencia de la gestión pública dio la Comisión Mixta de Gobierno, presidida por el senador Hosaín Sabag, al aprobar y despachar a la Sala, el proyecto que facilita el acceso a la información pública y que crea un Consejo para la Transparencia que estará a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la ley.

La iniciativa, originada en una moción de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri, propone una serie de medidas para transparentar las funciones y la información de los distintos poderes del Estado y de todas las autoridades que están vinculadas al ámbito público.

A dos años de su puesta en marcha, la fundación Pro Acceso puede exhibir un triunfo: la inminente aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual la entidad trabajó profusamente. Liderada por el abogado Juan Pablo Olmedo, Pro Acceso ha logrado el apoyo económico de importantes fundaciones internacionales. Entre sus financistas, se destacan la Ford Foundation, Avina, del filántropo alemán-sueco Jakob von Uexkuell, y la Open Society, ligada a George Soros. A través del financiamiento de proyectos específicos, la fundación del multimillonario húngaro ha traspasado a la chilena más de US$143.000. Dentro de los desafíos de Olmedo, se encuentra sacar adelante el Consejo de Libertad de Información para las Américas, grupo que se reunió por primera vez en Nueva Zelandia y prepara su próximo encuentro para febrero en la ciudad de Atlanta.

Revista quépasa. Edición nº 1917, 04 de enero de 2008, pág 5.

En momento en que el proyecto de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra a pasos de ser aprobado, resulta ser una señal contradictoria el rechazo -planteado el martes pasado en el Senado- al proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión.

Ad portas de promulgarse se encuentra la nueva Ley de Acceso a la Información Pública. En esta columna, el abogado Juan Pablo Olmedo -presidente Fundación Pro Acceso- y Arturo Arriagada -académico de la Escuela de Periodismo UDP- escriben sobre las implicancias que tendrá dicha normativa en el país.

El derecho de acceso a información pública asegura la igualdad de trato a los ciudadanos frente al Estado y los habilita para tomar decisiones informadas en su vida diaria. Cuando hay asimetrías de información, se fomenta el secretismo y la desconfianza ciudadana respecto a las acciones de las autoridades públicas y, con ello, el correcto funcionamiento de las instituciones.

Cuando está próxima a promulgarse la Ley de Acceso a la Información Pública en el Congreso, el pasado 5 y 6 de noviembre se realizó el seminario internacional "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile".

El evento fue organizado por la Fundación Pro Acceso y contó con el apoyo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El órgano autónomo comenzará a funcionar tras la inminente sanción de la ley de acceso a la información pública. Del debate participaron funcionarios, expertos, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales. 

Bajo el título Hacia una nueva insitucionalidad de acceso a la información pública en Chile, la Fundación Pro Acceso y el Gobierno de este país organizaron un seminario internacional que profundizó el debate sobre la implementación de un mecanismo que transparente la gestión gubernamental y termine con la cultura del secreto.

Planteamieto quedó manifestado en seminario "Hacia una nueva Institucionalidad de Acceso a la Información Pública en Chile", organizado por la Fundación Pro Acceso.

Con un reconocimiento generalizado de los asistentes nacionales y extranjeros a la iniciativa legal que busca transparentar el acceso a la información pública, finalizó el seminario internacional "Hacia una nueva Institucionalidad de Acceso a la Información Pública en Chile", evento organizado por la Fundación Pro Acceso y que contó con el apoyo del Open Society Institute y la secretaría General de la Presidencia.

El abogado estadounidense afirma que no sólo se debe declarar en el papel el derecho a la información, sino también los procedimientos de cómo se materializará ese derecho.

Que los gobiernos entreguen información detallada de qué hacen con los recursos y cuáles son sus contratos ayuda a disminuir la corrupción, así como también es vital para el funcionamiento de los mercados.

Esta es la visión del abogado de la oficina estadounidense Ropes & Gray, Thomas M. Susman, con una larga experiencia en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental, quien participa en el seminario "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", organizado por la Fundación Pro Acceso.

Con la participación de ministros, expertos e invitados de otros países se dará la partida esta tarde, en el Hotel Galerías, a un seminario internacional en el que se analizará la nueva institucionalidad del acceso a información pública que se pondrá próximamente en marcha en Chile.