Objetivo es dar a conocer efectos y aplicaciones de una nueva Ley de Acceso a la Información, que busca transparentar los procedimientos de la administración pública.

Con la fin de dar a conocer los alcances e implicancias de la eventual aprobación de la ley de Acceso a Información Pública -que actualmente se discute en el Congreso- la Fundación Pro Acceso, con el apoyo del Open Society Institute y la Secretaría General de la Presidencia, desarrollará el seminario "Hacia una nueva Institucionalidad de Acceso a la Información Pública en Chile", el próximo 5 y 6 de noviembre en el Hotel Galerías.

Es necesario que las causales de reserva sean lo más limitadas y excepcionales posible, de manera de no generar obstáculos para acceder a la información necesaria para ejercer el control democrático, y no limitar el campo de acción del Consejo para la Transparencia.

A punto de cumplirse un año desde que la Presidenta convocó al comité de expertos que elaboró el conjunto de recomendaciones que luego serían conocidas como Agenda de Probidad, uno de los proyectos emblemáticos de la misma, el de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra a pasos de convertirse en ley. Esta nueva normativa, además de reconocer el acceso a la información como derecho, genera una institucionalidad protectora denominada Consejo para la Transparencia, el que estará conformado por cuatro personas de reconocido mérito y prestigio.

Señor Director:

Está pronto a ser aprobado por el Congreso Nacional la ley de acceso a la información. Esta nueva normativa instaura un sistema integral de acceso a la información, imponiendo obligaciones de transparencia a todos los órganos del Estado. Elemento central de esa regulación es la creación del Consejo de la Transparencia como un órgano autónomo, con facultades fiscalizadoras y normativas, que asegure un efectivo derecho de acceso a la información.

Enterrar el secretismo en Chile es la ambiciosa tarea. Proyecto de Ley en discusión podría contribuir a su logro.

En 1994 el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz - Tagle creó la Comisión de Ética Pública, destinada a crear mecanismos para fortalecer la probidad en la administración estatal.

Una de sus conclusiones fue la recomendación de legislar en la materia, considerando que Chile no contaba con una ley de acceso a la información.

Las competencias y funciones del Consejo son de naturaleza expansiva, progresiva y destinada a incluir a todos los órganos del Estado.

En sus fases finales de tramitación legislativa se encuentra en estudio de una Comisión Mixta de senadores y diputados el proyecto de ley que establece el estatuto de acceso a la información pública. Una de las mayores innovaciones del futuro estatuto radica en la creación del Consejo para la Transparencia, un nuevo órgano del Estado, de naturaleza autónoma e independiente, que será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública por parte de la Administración del Estado.

Fallo dictamina inconstitucional medida que faculta denegación de información

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable por inconstitucionalidad una norma que permite al jefe superior de un ente público denegar el acceso a información cuando ello afecte sensiblemente el interés de terceros, dando preeminencia al artículo 8.o de la Constitución, que establece la publicidad de los actos de los órganos del Estado.

El fallo del TC se origina en un requerimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que se pronuncie sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 13 de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en un procedimiento especial de acceso a información pública, dirigido contra el director nacional de Aduanas.

Existe desconocimiento y escasa utilización particular y ciudadana del derecho de acceso a información pública, cuyo ejercicio, además, no es considerado en los programas de asesoría legal gratuita del Estado.

Se encuentra en el Congreso, en su etapa final de discusión, el proyecto de estatuto legal de acceso a información pública de la Administración del Estado. Su mayor innovación radica en la creación de un órgano particular de seguimiento y fiscalización de este derecho, denominado Consejo para la Promoción de la Transparencia. Siendo así, resulta oportuna una revisión de las medidas adoptadas, incluyendo los compromisos internacionales pendientes, con miras a preparar a la administración pública frente a los desafíos de la entrada en vigencia de la nueva regulación.

Existe desconocimiento y escasa utilización particular y ciudadana del derecho de acceso a información pública, cuyo ejercicio, además, no es considerado en los programas de asesoría legal gratuita del Estado.

Se encuentra en el Congreso, en su etapa final de discusión, el proyecto de estatuto legal de acceso a información pública de la Administración del Estado. Su mayor innovación radica en la creación de un órgano particular de seguimiento y fiscalización de este derecho, denominado Consejo para la Promoción de la Transparencia. Siendo así, resulta oportuna una revisión de las medidas adoptadas, incluyendo los compromisos internacionales pendientes, con miras a preparar a la administración pública frente a los desafíos de la entrada en vigencia de la nueva regulación.

Señor Director:

Es preocupación de muchos chilenos la situación de la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU), cuyo objetivo declarado, al reemplazar a la PAA, era contribuir a una mejora sustancial al nivel educacional, pero primordialmente disminuir la abismante brecha existente entre colegios públicos y privados.

En este sentido, la actitud de la Universidad de Chile de mantener en reserva documentos de vital importancia para la opinión pública, en especial un informe realizado por la consultora internacional Educational Testing Service (ETS) sobre la aplicación de la PSU, es francamente inaceptable. Si esa información se hiciera pública, los expertos en temas educacionales podrían trabajar en la mejora del instrumento.

En Gran Bretaña hay un comisionado que vela para que los órganos estatales entreguen la información requerida por los ciudadanos. En Chile, dicha tarea quedará en manos de un Consejo para la Transparencia, nombrado entre Gobierno y Senado.

LONDRES.- Con bastante atraso, Chile está a pocos meses de pasar a engrosar la lista de setenta países que hasta ahora se han provisto de una legislación que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información en poder del Estado.

Se trata del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a Información, cuya génesis arranca de una moción parlamentaria presentada en enero de 2005 y que tras dos años y medio de tramitación en el Congreso está a punto de convertirse en ley.