Prima una concepción del derecho de acceso a información pública entendido como un instrumento de la política pública de transparencia en desmedro de su carácter de derecho fundamental, lo que, por cierto, debe ser prontamente revisado y equilibrado.

Esta semana la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo de acceso a información pública de la votación de Chile en la elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Conviene recordar la importancia del Consejo, que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra investido de facultades de monitoreo para todos los estados miembros de la Carta.

Aunque eclipsada por la incontrarrestable visibilidad que han tenido los proyectos del Transantiago, la agenda legislativa de transparencia y probidad impulsada por el Gobierno registró en los últimos días un significativo avance en el Congreso, con la inminente promulgación de la primera ley del paquete y el pronto despacho de otra iniciativa emblemática.

Listo para ley quedó el proyecto que crea un estatuto de protección a los funcionarios que denuncien irregularidades o casos de corrupción y la Cámara de Diputados despachó en segundo trámite la iniciativa que garantiza el acceso a la información pública y crea el Consejo para la Transparencia.

Ambas propuestas legales concitaron el apoyo de todos los grupos parlamentarios e incluyen perfeccionamientos que han sido concordados entre el gobierno y la oposición, aunque sin acuerdos políticos previos.

El grupo pidió en dos oportunidades información sobre una auditoría internacional que se hizo a la PSU, pero el rector Víctor Pérez respondió negativamente. Por eso creen que la única vía que queda es la judicial y entablarán una demanda la próxima semana.

La Fundación Proacceso, junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y un grupo de académicos de distintas casas de estudio decidieron preparar una demanda en contra de la Universidad de Chile, "por negarse a entregar información acerca de un estudio internacional que auditó a la PSU el 2004". Ésta sería presentada la próxima semana.

¿Cuál será la política en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del próximo gobierno?¿Cuán dispuesta estará la administración que asuma el 11 de marzo de 2006 a que los ciudadanos revisen sus actos?¿Qué documentos deben quedar al margen del escrutinio público y por qué?

Encuentro se realizará el lunes y martes próximo en el ex Congreso Nacional.

El Seminario Internacional sobre Acceso a la Información Pública que se efectuará el lunes y martes próximo en el ex Congreso Nacional reunirá, durante dos días, a las autoridades del Parlamento, del gobierno, expertos nacionales y extranjeros quienes daran a conocer sus experiencias en materia de acceso a la información pública y transparencia.

El evento organizado por Pro Acceso, la Presidencia del Senado, Fundación Pro Bono y la Presidencia de la Cámara de Diputados, con la colaboración de British Council, Open Society Justice Initiative y la embajada de  Estados Unidos de América, está patrocinado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Corporación Participa y Fundación Avina.

El candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín, rechazó la supuesta proposición de Carabineros, en cuanto a restringir la entrega de información sobre delincuencia, a fin de no aumentar la sensación de inseguridad ciudadana.

"Me parece gravísimo que entre Carabineros y el Gobierno quieran tapar la delincuencia en este país", señaló el abanderado gremialista, quien precisamente en los últimos días ha cuestionado la forma en la que el Ejecutivo ha enfrentado el tema.

Señor Director:

Ante la preocupación mostrada por el General Director de Carabineros, mediante oficio dirigido al Fiscal Nacional, en orden a que la difusión de antecedentes concretos sobre la comisión de delitos contribuye notablemente a incrementar la percepción de inseguridad de las personas y frente a su proposición de restringir el derecho de acceso a información pública, sólo cabe una reflexión.

La negación de información a los medios de comunicación no sólo resulta contraproducente por cuanto no va a la solución de fondo del problema y además, impide que la ciudadanía pueda ejercer control sobre un accionar eficiente de la policía.

Un enérgico rechazo frente la determinación del general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, de restringir la entrega de información a la opinión pública sobre los ilícitos cometidos manifestó Pro Acceso, una ONG dedicada a la promoción de cambios legales y culturales a favor del derecho de Acceso a la Información Pública.

El presidente de esta organización, el abogado Juan Pablo Olmedo, advirtió que dicha petición atenta contra las libertades de información y expresión de la ciudadanía, en general, y de los periodistas, en particular.

El reciente seminario internacional sobre Acceso a Información Pública, convocado por el Senado, la Cámara de Diputados, Pro Acceso, Fundación Pro Bono y que contara con el patrocinio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, brindó una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los desafíos sociales para promover y proteger efectivamente el derecho de acceso a la información pública y los esfuerzos estatales para transitar desde la tradición de secreto hacia una cultura de la transparencia en nuestro país.

La candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, destacó que el Acceso a la Información Pública y la Transparencia son herramientas necesarias para avanzar en la lucha por la igualdad de oportunidades.

Tras participar en un desayuno con representantes de la Sociedad Civil, la abanderada oficialista precisó que en materia de transparencia Chile tiene “un activo importante que hay que cuidar”.