Estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, y Gestión Ambiental y Participación Ciudadana en las Universidades Diego Portales y Alberto Hurtado.

Participó en los procesos de cambio institucional generados en el marco de la Agenda Presidencial propuesta en el "Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública", en especial, las relativas al proceso de aprobación de la nueva legislación de acceso a la información, que concluyó con su publicación el 20 de agosto de 2008.

A nivel internacional, participó en el equipo que demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su negativa a entregar información pública, que concluyó con una sentencia condenatoria al Estado en septiembre de 2006 (caso Claude Reyes/Chile Nº 12.108).

Ha colaborado con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, en el transcurso de elaboración de la Política Pública de Transparencia de dicho país. Ha sido profesor de la Cátedra Interamericana de Acceso a la Información, promovida por la OEA para los países de la región, capacitando a funcionarios públicos, sociedad civil y la prensa en Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.