• Fecha: 27 Dic 2005
• Referencia: Inforid

Un informe elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles revela que "el gobierno interfiere en las autonomías editoriales y ha tenido un importante efecto inhibitorio en el ambiente mediático y en el debate democrático".

El retiro de la publicidad oficial como represalia, la asignación discriminatoria de publicidad y subsidios ocultos, y el condicionamiento de contenido y despido de periodistas, son algunos de los efectos que más inciden en la supervivencia de los medios de comunicación argentinos.

Estos resultados son parte de la reciente investigación "Una Censura Sutil, abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina", publicado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de Justice Initiative de Open Society.

La publicación aborda la distribución de la publicidad oficial y los diversos mecanismos de censura en el ámbito nacional y en las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Roberto Saba, director ejecutivo de la ADC, contó que "el interés fue mostrar como en Argentina existen prácticas que tienden a producir autocensura por parte de los medios, la llamada censura indirecta, y que son prácticas que no son abiertas, son mecanismos sutiles que operan de determinadas maneras y que producen un efecto silenciador en algunas voces".

Según el informe, "en el ámbito nacional, son menos los medios que dependen de la publicidad oficial para sobrevivir, lo que no impide que el gobierno nacional asigne publicidad por favoritismo político. Asimismo, funcionarios de alto rango del gobierno nacional y provincial habitualmente hacen objeto de presión e intimidación a los propietarios de medios, editores, e incluso a periodistas individuales".

El informe de la ADC concluye con recomendaciones a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios y a las asociaciones de periodistas.