Estudio de Pro Acceso revela deficiencias en la administración de bases de datos personales en el servicio público
- Fecha: 11 Jul 2011
Una investigación de la fundación dio cuenta de una serie de falencias en el control y registro de datos personales de ciudadanos por parte de las entidades estatales. Desde el no cumplimiento de la obligación de inscribir estas bases de ante el Registro Civil, hasta el traspaso de datos a instituciones públicas y privadas, son algunas de las prácticas detectadas por Pro Acceso, que llama a tener más control sobre el uso que se está dando a esta información.
Los datos de más de 11 millones de personas están en poder de la ficha de protección social del Estado. Misma situación en el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y, en menor medida, en el de otras 109 instituciones del servicio público que manejan datos personales de miles de ciudadanos. Cuál es el trato, el control, qué se hace con esa información y si se cumple con la Ley 19.628 sobre protección de datos personales, es lo que se preguntó la Fundación Pro Acceso a la hora de realizar el estudio “Protección de Datos Personales en el Sector Público”.
Para ello, Pro Acceso realizó una serie de solicitudes de información a 166 organismos, beneficios y programas estatales, de los cuales 111 entregaron información. Estos antecedentes permitieron detectar una serie de prácticas preocupantes en la administración de esas bases de datos.
En esta línea, se identificó que sólo el 43% de las entidades que dicen tener bases de datos personales cumplieron con su deber de registro antes el Servicio de Registro Civil. Esta falta, según apunta el estudio, impide conocer entre otras cosas el fundamento jurídico que tienen las instituciones para la posesión de esa información y la finalidad de ésta. Sobre esto último, sólo el 2,7% de las instituciones encuestadas declaró tener bases de datos para uso estadístico, lo que evidencia el bajo nivel de procesamiento de la información para efectos del desarrollo de políticas públicas.
Por otra parte, el 48% de las entidades consultadas declara haber efectuado trasferencias de datos personales a otras instituciones, ya sean públicas o privadas, en circunstancias que sólo el 43% declara tener procedimientos autorizados de transmisión de datos. Según explican en la fundación, “esto muestra la necesidad de observarlas con mayor detalle, a fin de saber si se hacen cumpliendo todos los requisitos legales, y si eventualmente se efectuaron dichas transferencias a privados”.
En materia de seguridad, el estudio señala que sólo el 21% de las entidades que respondieron cuentan con políticas de seguridad, y por otra parte, no todas las entidades públicas cuentan con un encargado o departamento que vele por la seguridad de la información contenida (73%). Esta ausencia podría traducirse en un incumplimiento de la normativa relacionada confidencialidad de los documentos electrónicos.
Por otro lado –no menos atendible–, el estudio de Pro Acceso constató un alto nivel de respuestas y cumplimiento de plazos de las solicitudes de información. Sin embargo, el 25% de requerimientos sin responder sigue siendo significativo.
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| Estudio Datos Personales 2011.pdf | 527.56 KB |
