Es importante que Paraguay dé el primer paso para aplicar una ley de acceso a la información pública, asegura Moisés Sánchez, director Ejecutivo de la Fundación Pro Acceso de Chile. El experto, que promovió la modificación de la Constitución de su país a favor de esta normativa, se encuentra en Paraguay para la “Semana de la Transparencia”.

La nueva publicación del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública analiza la implementación del derecho de acceso a la información pública de siete países de la región. El trabajo, que contó con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de cada uno de los países protagonistas, busca ser una herramienta central del fortalecimiento democrático. El caso chileno fue elaborado por Pro Acceso.

Un importante documento en materia de acceso a la información pública (AIP) es el que presentó la CAinfo el jueves 2 de junio pasado, durante la sexta reunión de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y la Información.

El informe, publicado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Banco Mundial, es una guía de buenas prácticas en el Poder Legislativo para América Latina, y contiene importante información entregada por Pro Acceso sobre el estado de las cosas en nuestro país.

El resultado de este proyecto se refleja en una serie de tres documentos que pretenden servir de referencia para las organizaciones no gubernamentales en la región, los funcionarios del Gobierno, miembros de los círculos académicos y expertos de la política pública. Los documentos fueron escritos por Álvaro Herrero y Gaspar López (ADC);  Ezequiel Nino (ACIJ); y Tomás Vial Solar (Fundación Pro Acceso).

El Director Ejecutivo de Pro Acceso asistió al Primer Seminario Internacional sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, en Montevideo, Uruguay. En la ocasión se presentó el informe “Venciendo la Cultura del Secreto”, lo que dio paso a un Taller de Trabajo Regional durante los días 3 y 4 de noviembre, y al que Moisés Sánchez fue invitado a exponer. La actividad, organizada por CAinfo, se enmarca en la etapa final de la investigación llevada a cabo durante este año.

En la actividad se dieron cita los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, México y Uruguay, quienes debatieron y trabajaron en torno al informe que mapea las debilidades, obstáculos y fortalezas de los procesos de acceso a la información en cada país.

La Asociación por los Derechos Civiles de Argentina participará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre publicidad oficial y censura indirecta en América Latina, tema en el cual un grupo de organizaciones -que incluye a Pro Acceso como representante chileno- viene desarrollando desde hace varios años. Lee el texto publicado por ADC a continuación.

El próximo viernes 29 de octubre la ADC participará de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre publicidad oficial y censura indirecta en América Latina, junto a un grupo de organizaciones de la región. En la misma se presentará un diagnóstico sobre el uso de la publicidad oficial en la región como mecanismo de censura indirecta y se pedirá la elaboración de estándares de regulación.

El encuentro, organizado por Fundar y Artículo 19, abarcó distintos temas respecto a la publicidad oficial: sus alcances, las prácticas gubernamentales de distintos países y el rol de los medios de comunicación en el tema.

En la ocasión, Moisés Sánchez realizó su presentación basándose en la legislación chilena con respecto a la regulación de la publicidad oficial, evidenciando problemas como la diversidad de intereses entre medios y Estado, la insuficiente planificación de los gastos y el modelo de contratación actual, en donde se contraponen criterios en cuanto a la eficiencia en el gasto y la discriminación positiva por parte del contratante.

El Workshop -que se realizó en Buenos Aires el 5, 6 y 7 de marzo- en el que participaron representantes de Chile, Hungría, Argentina y Perú, se enfocó en entregar información sobre la metodología de las operaciones al interior de las Clínicas Jurídicas.

En la Universidad de Palermo se realizó la Primera Reunión de Clínicas de Acceso a la Información, organizada por la Asociación por los Derechos Civiles. Fundación Pro Acceso (representada por su director ejecutivo Moisés Sánchez y Pablo Soto), y la Universidad Alberto Hurtado fueron participantes de Chile.

El tribunal decidió cerrar la causa por la denegación de acceso a información pública sobre el proyecto Trillium, tras considerar que se dio  cumplimiento a todas las observaciones planteadas en la sentencia. La Corte destacó especialmente la dictación de una ley sobre acceso a la información estatal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por concluido el caso Claude Reyes contra el Estado de Chile, estableciendo como cumplida la sentencia  emitida por la misma corte el 19 de septiembre de 2006 en la que el organismo condenó al Estado de Chile por violar el derecho al acceso a la información pública, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su primera presentación pública  luego de ser elegida como Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, la doctora Catalina Botero esbozó los diez estándares mínimos que deben ser cumplidos en América Latina para respetar el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos. Fue en la Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información organizada en Lima por el IPYS y la Defensoría del Pueblo, el 29 y 30 de septiembre pasado.

El Parlamento de Uruguay dio sanción completa a la Ley de Acceso a la Información Pública y Amparo Informativo promovida por el Grupo GAIP.

A través de un comunicado, el Grupo Archivos y Acceso a la Información Pública (GAIP) manifestó su “satisfacción por este paso histórico para la institucionalidad democrática y republicana del país". Además agregó: "somos conscientes de que falta mucho aún para gozar de un pleno ejercicio del derecho a la información, pero junto a la ley de Archivos ya sancionada, son dos pilares básicos sobre los que una democracia moderna sustenta luego una práctica de transparencia eficaz".