• Fecha: 4 Ago 2009

Francesca Fanucci:
"Las leyes de acceso a la información existen para mejorar la participación de los ciudadanos en la vida política"

Por José Ignacio Díaz y Catalina Larrondo

A fines de junio visitaron Santiago, la abogada de la ONG Global Partners Francesca Fanucci y el ex Jefe Metropolitano de la Policía de Londres Howard Back. Durante los días que estuvieron en Chile, mantuvieron reuniones con diversas autoridades relacionadas con la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, como el Consejo Para la Transparencia, los encargados de la Agenda de Probidad del Gobierno y Carabineros.

En esta entrevista, Fanucci nos cuenta sus impresiones sobre la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigencia en Chile y hace un análisis sobre la forma en que esta materia está siendo tratada en Europa.

¿Cuales son sus impresiones del proceso inicial de la nueva ley de acceso a la información?

En general es una buena ley, tiene algunas de las debilidades como que ésta no se aplica a todos los poderes públicos. Otro problema es que no hay cómo garantizar una aplicación homogénea de la ley. Cuando se solicita información, en lugar de reclamar pueden ir al Consejo de Transparencia. El problema es que en Chile no existe sólo una Corte de Apelaciones, existen muchas. Hay un problema en la falta de acuerdos para sostener una posición única.

Otro punto es que la información de cada organismo se publica en el sitio web, pero qué sucede con la gente que no se molesta en revisar el sitio. Se debe promover una sociedad activa a través de otros medios. La ley no existe sólo para asegurarse de que los cargos públicos no sean ocupados por gente corrupta, también está para mejorar la participación política de los ciudadanos en la vida política.

¿Cómo está evaluada esta ley internacionalmente?

Ahora hay casi 88 países en el mundo que han aplicado leyes de acceso a la información. En Europa por ejemplo, después que algunos países aprobaron las leyes de acceso a la información, el Concejo Europeo (que es una organización de derechos humanos internacional) empezó a observar las diferentes leyes y decidieron que era tiempo de discutir un tratado sobre el acceso a la información que creará normas en común para todos los países. Entonces este proceso siempre comienza desde un nivel nacional; mientras más países se unen a la tendencia de establecer leyes de libre acceso a la información, más presión existe en la comunidad global de adoptar normas reconocidas internacionalmente. Eso en términos de la perspectiva internacional.

En el Reino Unido, el gobierno adoptó poco después de la aprobación de la ley de acceso a la información, la creación de un cuerpo interno llamado Clearing House que fue creado para ayudar a coordinar las distintas entidades; proporcionando entrenamiento, respondiendo dudas, apresurando todas las peticiones del procedimiento.

Con el tiempo, algunos activistas y algunos medios argumentan que Clearing House se convirtió en un cuerpo del gobierno conveniente para controlar el tipo de información que cada organismo emitía y para tratar de prevenir la emisión de información que podría ser dañina o embarazosa; que podría afectar al gobierno como un todo, al gabinete o al Primer Ministro.

Una delegación chilena fue al Reino Unido, averiguó acerca del Clearing House y decidieron que era algo que podrían imitar. Definitivamente el gobierno necesita un organismo coordinador para la libertad de acceso a la información, y el equivalente al Clearing House es el Consejo para la Transparencia, establecido sólo para servir como un organismo de transición que ayude con la implementación de la ley.

¿Entonces el trabajo de Clearing House es omitir información?

No, no se trata de omitir pero sí de asegurarse de que la información sea emitida de una forma apropiada. Debe existir un órgano que supervise las peticiones y se asegure de que independiente si entregas la información o no, todos los organismos mantengan la misma posición. Ese es el trabajo, debe existir una entidad que coordine esto y obviamente que también esté para aconsejar a los organismos. Es un trabajo de diálogo pero definitivamente debe haber un facilitador.

¿Cuál crees que es el siguiente paso que debemos tomar en este proceso de implementación de la nueva ley?

Creo que el rol educativo que la prensa definitivamente debe alcanzar, es poderoso en cuanto a la implementación. Pero ese mismo rol en el valor de acceso a la información debe ser perseguido más agresivamente por organizaciones sociales, grupos de reflexión, por las universidades, por todos esos grupos ciudadanos o académicos que por definición son muy activos en reflexionar sobre la sociedad, sobre el trabajo del gobierno, y lo bueno es que no buscan un propósito monetario.

Así que en ese caso deberían actuar como un filtro entre el ciudadano común y el gobierno y las instituciones públicas, para identificar, para prever la necesidad de información en ciertos temas que no necesariamente están relacionados con descubrir actos de corrupción o desperdicios de dinero en la agenda pública.

El acceso a la información es para un propósito mayor: mejorar la participación ciudadana y el conocimiento acerca de las políticas que afectan sus intereses, para mejorar la actividad del gobierno, no sólo en términos de no corromperse, sino también en términos de pensar proactivamente en cómo ellos pueden ayudar a los intereses de la sociedad.

¿Puedes describir la experiencia en su país durante el proceso de implementación de esta legislación, y cuáles han sido las principales dificultades para conseguirlo?

Un desafío por el que nos vimos afectados, es que siempre hay espacio para interpretaciones restringidas. Quiero decir, pasó en el Reino Unido después de la implementación. Alguna gente tendía a decir "Ah, ahora estamos protegidos". Pero de hecho han existido varios intentos para reformar la ley en una forma más restrictiva.

Incluso miembros del parlamento muchas veces han intentado implementar cambios a la ley para restringir su aplicación a su propia correspondencia privada, lo cual obviamente no es el propósito real, sino que es cubrir sus propios gastos y eso se descubrió después.

Siempre alguien, tarde o temprano, va a intentar reducir el impacto de la ley o cambiar a la gente de una forma de que se use un acercamiento más conservador en cuanto a su interpretación, o cortar el presupuesto del cuerpo que opera dentro de la ley. Así se encontrarán sin personal, sin fondos, y entonces se detendrán las peticiones, debido a que no tienen el tiempo para responder adecuadamente, de hacerlo en la mejor manera posible. Así que hay muchas formas de eludir la implementación adecuada de la ley. Por eso son tan importantes los cambios culturales, porque si monitoreas, sabes que las tendencias son en pro de revelar y no en pro de esconder.

Considerando los problemas que hubo en su país cuando estaban trabajando en el proceso de esta ley, ¿cómo cree que podríamos superar esos problemas acá en Chile?

Yo diría que uno de los desafíos de la ley, al igual que en Inglaterra, es que el Consejo para la transparencia, no sólo es para recibir quejas o peticiones, y responder sólo aquellas que estén completas. Sino que también recibe el mandato de promover proactivamente la transparencia activa, de diseminar, de promover el conocimiento de la ley entre la gente, la sociedad civil.

Ahora, en nuestra experiencia en el Reino Unido, y desde lo que realmente puedo ver ahora, el Consejo para la Transparencia recibe los pedidos y toma decisiones dependiendo de los recursos políticos para negociar la promoción del cambio cultural. Ellos rápidamente se convirtieron en el riesgo de ser un cuerpo de apelación que define, que crea interpretación, pero no tiene el tiempo, o los recursos, o no tiene los medios para promover, educar a la gente, los potenciales solicitantes, con el fin de educar al gobierno oficial, a ellos mismos, acerca de la transparencia.

Así que creo que esta función podría terminar siendo la clave de la transparencia. Ahí es donde veo de nuevo el rol fundamental de toda la sociedad civil y los esfuerzos de los académicos a través de medios que tratan de promover esto, y seguir mirando en esa dirección, promoviendo el conocimiento de la ley. Pero, no tanto en el procedimiento, eso es importante, pero para hacer la necesidad de información parte del ADN de la gente, para que empiecen -no necesariamente cada uno de los ciudadanos tiene que promover un pedido o acceder a la información- a expresar interés en acceder a la información que puede estar disponible en publicaciones, a través de los medios o de páginas webs, y dejemos a la organización de la sociedad civil funcionar en estos pedidos.

El uso de la ley está en las manos de los potenciales solicitantes, no sólo a través de los pedidos, sino también a través de la presión política o promoviendo la transparencia, o al menos promoviendo el debate, la razón del debate, o por qué cierta información necesita ser secreta. Hay mucha gente que no lo entiende, pero si sólo se les dijera, si se les explicara apropiadamente porqué cierta información es sensible, o que la entrega de cierta información podría ser buena, pero que en cierto contexto podría poner en riesgo el trabajo de cierto departamento y que en otros departamentos podría tener mayor aceptación y mayor confianza.

Recuadro:
Francesca Fanucci (Reino Unido)

Cursó sus estudios en la Universidad de Pisa (Italia), de Asturias/Oviedo (España) y de Paris/Sorbonne (Francia), y obtuvo una Maestría en Derecho Internacional y Comunitario con altos honores y ha trabajado en el sector del lobbying en asuntos legislativos en Bruselas, Londres y Nueva York.

Antes de formar parte de la asesoría en derechos humanos y gobernabilidad Global Partners and Associates en Londres, ha trabajado como Coordinadora del Programa América Latina por ARTICLE 19, la organización internacional de derechos humanos que defiende y promueve la libertad de expresión y el derecho de acceso a la libertad de información, donde ha curado y supervisado la publicación de la "Guía para una campaña a favor del derecho de acceso a la información en América Latina".