• Fecha: 5 Dic 2008

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El pasado jueves 27 de noviembre se realizó la Mesa Redonda “Desafíos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Poder Judicial”, en un evento organizado por Pro Acceso junto con la Fundación por el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Durante el seminario, se presentaron dos estudios de carácter regional que analizan la situación del acceso a la información pública del sector judicial.

El primero de ellos, titulado: “IV Índice de Accesibilidad a la Información Judicial a través de Internet”, evalúa la información básica y pública que vía Internet entregan a la ciudadanía los Tribunales de Justicia y Ministerios Públicos de los 34 países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y compara los resultados obtenidos con mediciones realizadas los años anteriores. Los resultados de esta investigación fueron presentados por el Secretario Ejecutivo del CEJA Cristian Riego.

El segundo informe, elaborado por Pro Acceso y DPLF, titulado “Comparando Transparencia, Un estudio sobre Acceso a la Información en el Poder Judicial”, analiza comparativamente la regulación y las prácticas en seis países de la región (Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú) en materia de acceso a la información, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo. Su presentación estuvo a cargo de Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación Pro Acceso.

Los informes, fueron comentados por Milton Juica Arancibia, Ministro de la Corte Suprema, Miguel Sánchez Brito, Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y Roberto Guerrero Valenzuela, Consejero del Consejo para la Transparencia.

Durante su exposición, Cristián Riego destacó la evolución que ha tenido Chile durante los últimos cuatro años, ubicándose entre los países con mejores índices de acceso a la información el Poder Judicial, presentando un aumento muy fuerte en el volumen de información publicada en el sitio web del organismo. Sin embargo, en cuanto a la información que se puede obtener por parte del Ministerio Público, manifestó que, a pesar de tener una evolución positiva, éste no ha logrado proveer un volumen de información suficiente en comparación con otros organismos similares  de América.

En la presentación del segundo informe, Moisés Sánchez destacó que las grandes falencias constatadas por el estudio en el acceso a la información en el Poder Judicial en Chile se encuentran en materias vinculadas al gobierno judicial, tales como designaciones de magistrados de Cortes de Apelaciones y Suprema, el funcionamiento de comisiones de ética y procesos disciplinarios, y  reuniones y acuerdos de los altos tribunales. En cambio, aseguró que en aquellas materias vinculadas al ejercicio jurisdiccional, como los resultados de los fallos y otros temas de interés público existen mayores niveles de transparencia y acceso respecto de los otros países de la región.

Luego de la presentación de los informes, Roberto Guerrero, miembro del Consejo para la Transparencia, destacó el aporte que significará la nueva ley de Acceso a la Información Pública a la transparencia del Poder Judicial. Específicamente se refirió al importante papel que tendrán los principios de transparencia activa y pasiva. Es decir,   la publicación de información relevante que se entregue a través de los sitios electrónicos (transparencia activa) o en las respuestas que se deberán entregar a la ciudadanía requiera y solicite información específica (transparencia pasiva).

 Miguel Sánchez por su parte se refirió a los esfuerzos realizados por el poder judicial para mejorar la calidad y la cantidad de información entregada en los sitios web, lo que, a su juicio, se ve reflejado en los mejores indicadores alcanzados en el estudio de 2008, en comparación al del año anterior.

 En tanto, el ministro de la Corte Suprema Milton Juica realizó un análisis exhaustivo de la ley de acceso a la información pública y criticó  la imprecisión de las disposiciones de esta ley que se refieren a la información que deben proporcionar  los tribunales de justicia. Sin embargo, advirtió que en todas las materias en que la normativa no es clara al respecto de qué información se debe entregar, el Poder Judicial ha optado por hacer pública toda la información, salvo la que expresamente no le permite la legislación vigente.