• Fecha: 20 Ene 2008
• Autor: Moisés Sánchez
• Referencia: La Tercera
• Línea de tiempo: Ley de Acceso a la Información Pública

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Señor Director:

El martes fue aprobado por parte de la cámara de Diputados el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello, se marca un hito histórico al integrarse Chile al circuito de países que cuentan con este tipo de estatutos, y al más selecto club de aquellos que cuentan, con un órgano especializado para proteger el derecho de los ciudadanos de acceder a la información, denominado Consejo para la Transparencia.Uno de los principales logros de esta iniciativa es, precisamente, el haber incorporado dicho Consejo como piedra angular de la nueva institucionalidad, asignándole la misión de resolver los conflictos que existan entre las personas y los órganos públicos, surgidas de la falta de respuesta a solicitudes de información o negación de la misma, evitando de esta manera -al menos en una primera instancia- el recurso a los tribunales de justicia. Así se avanza en democratizar el acceso a la información al no trasladar el costo del conflicto al ciudadano.
Junto con ello, este estatuto entrega una serie de herramientas que buscan facilitar el acceso a la información, entre las que destacan las medidas de transparencia activa que obligan a publicar un extenso catalogo de documentos sensibles en las páginas web institucionales, la gratuidad de la misma, y la posibilidad de acceder a la información pública contenida en documentos reservados (acceso parcial).
Un aspecto preocupante es el régimen de causales de reserva que establece, pues deja un margen demasiado discrecional a la autoridad para la calificación de la misma, llegando en algunos casos a establecer la posibilidad de que lo haga con carácter indefinido, como sucede en materia de relaciones exteriores.
Por todas estas razones, es vital que no se cometan errores en la selección de los cuatro integrantes del Consejo. La experiencia internacional nos muestra que la voluntad, empuje y decisión de los primeros integrantes, y el control social ejercido por la ciudadana, son cruciales para que esta nueva institucionalidad se convierta realmente en lo que pretende: un sistema de protección de la información pública, y no en promotora del secreto.

Moisés Sánchez

Director Ejecutivo, Fundación Pro Acceso