• Fecha: 11 Oct 2006

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Representantes de la Sociedad Civil y ciudadanos a título personal solicitaron a la Intendencia, CONAMA RM y la Secretaría Regional Ministerial de Salud mayor transparencia en la información relativa a la calidad del aire en Santiago.
A través de una petición de acceso a la información, Ciudad Viva, Fundación Pro Bono y los abogados Eduardo Ugarte y Pedro Pablo Gutiérrez requirieron que se otorgue a la ciudadanía la posibilidad de ver en tiempo real a los registros hora por hora de las concentraciones de material particulado (MP10 y PM2,5) que se generan en todas y cada una de las estaciones de monitoreo que están operando actualmente en Santiago (fijas y móviles) y a todos los informes de pronóstico que se elaboran diariamente con la información captada por dichas estaciones (pronósticos Casmassi matutino, vespertino y neuronal y Pronóstico Neuronal).
Enfatizaron que las autoridades utilizan diariamente estos antecedentes para evaluar la polución y si procede dictar un episodio de excepción ambiental; sin embargo, los informes no están a disposición del público y los indicadores de contaminación que se informan corresponden a los promedios móviles de 24 horas de los Índices de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP), que tienen un valor estadístico, pero no reflejan a cabalidad los niveles de contaminación a los que se ven expuestas las personas.
Advirtieron que estos indicadores consideran, por ejemplo, la contaminación registrada por una estación entre las 17:00 horas de un día y las 17:00 del siguiente, por lo que promedian las mediciones hechas en horas de alta polución y aquellas tomadas en períodos donde el movimiento de la ciudad baja ostensiblemente (la madrugada), lo que matiza de forma significativa los resultados.
El vocero de los peticionarios, Federico Allendes, explicó que es imprescindible que se abra a la ciudadanía el acceso a estos antecedentes, puesto que el desconocimiento de los mismos supone un riesgo para la salud de las personas (quienes por la falta de conocimiento no tienen la opción de evitar los horarios y puntos críticos de contaminación) e impide que las personas fiscalicen las actuaciones de la autoridad en materia medioambiental.
Los solicitantes argumentaron que la falta de difusión de estos informes y datos es incompatible con los principios de publicidad contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el artículo 13 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se establece que los actos y resoluciones de la administración del Estado como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen son, actualmente, de carácter público.
Agregaron que poner en conocimiento público estas mediciones e informes no supondría ningún costo extraordinario para el Estado, por lo que no se justifica ningún grado de reserva. Por otro lado, subrayaron que disponer de esos datos permitirá a las personas tomar decisiones más informadas respecto a su salud, teniendo éstas la posibilidad de reducir el grado en el cual se exponen a altos niveles de contaminación.