• Fecha: 16 Nov 2007
• Autor: Juan Pablo Olmedo y Arturo Arriagada
• Referencia: Revista Qué Pasa

Ad portas de promulgarse se encuentra la nueva Ley de Acceso a la Información Pública. En esta columna, el abogado Juan Pablo Olmedo -presidente Fundación Pro Acceso- y Arturo Arriagada -académico de la Escuela de Periodismo UDP- escriben sobre las implicancias que tendrá dicha normativa en el país.

El derecho de acceso a información pública asegura la igualdad de trato a los ciudadanos frente al Estado y los habilita para tomar decisiones informadas en su vida diaria. Cuando hay asimetrías de información, se fomenta el secretismo y la desconfianza ciudadana respecto a las acciones de las autoridades públicas y, con ello, el correcto funcionamiento de las instituciones.

La próxima entrada en vigencia de la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) en Chile -que actualmente se discute en el Congreso- incorpora mecanismos concretos que reconocen y promueven el ejercicio del derecho de acceso a información. Al existir instancias reguladas para obtener información de los órganos de la administración del Estado, el uso de la ley debiera acrecentar la confianza de los chilenos en las instituciones, mejorando también en ellas la rendición de cuentas.

La experiencia comparada muestra que en los últimos años las leyes de acceso a información pública se han implementado en más de 65 países, y su entrada en vigencia concede beneficios concretos para los ciudadanos. Por ejemplo, en Argentina la LAIP permitió obtener información respecto del mal funcionamiento de los radares en el aeropuerto de Buenos Aires; en Nueva Zelanda, fue posible saber los montos de las indemnizaciones que percibieron funcionarios públicos despedidos en distintos ministerios. En EE.UU., se pudo acceder a los registros de proveedores encargados de la mantención de parques nacionales.

En Chile, la LAIP permitirá a las personas -incluidas las empresas- verificar el correcto uso de recursos públicos y así evaluar el trabajo de funcionarios y autoridades. Con la ley se podrán conocer los contratos estatales y también sus fundamentos. Además, serán públicos los procedimientos, estudios y consultorías efectuada por un organismo público. La negativa de acceso a esta información será causal para acudir a un órgano regulador, creado por la ley, denominado Consejo de la Transparencia, entidad que supervisará el respeto al derecho y la entrega de información. Con ello, sancionará a los organismos y funcionarios correspondientes.
Es necesario que los ciudadanos hagan uso efectivo de este derecho, ya que si no hay solicitudes de información, seguirán habiendo instancias que favorezcan prácticas de secreto y reserva que urge erradicar de nuestra sociedad. Investigaciones académicas señalan que a menor nivel de acceso a información en un país, mayor probabilidad de casos de corrupción. La experiencia mexicana muestra que entre el año 2003 a la fecha, se han presentado 250 mil solicitudes de acceso a información pública.

La LAIP reforzará significativamente la capacidad fiscalizadora de los medios de comunicación social. La encuesta ICSO-UDP de 2006 señaló que más del 50% de los chilenos no cree que los medios denuncien casos de corrupción que afecten a autoridades, organismos públicos e instituciones. Por esto, la LAIP será una herramienta efectiva para que los periodistas fiscalicen el trabajo de autoridades y el uso de los recursos públicos. Casos como el de Chiledeportes - que fue conocido gracias a una investigación periodística- podrían ser complementados con el acceso a documentos oficiales de manera más rápida y efectiva. Aquí, nuevamente, la práctica comparada muestra una activo uso de los medios de comunicación del derecho de acceso a información. En el Reino Unido, el diario The Independent solicitó al gobierno la publicación de documentos oficiales respecto a la intervención de ese país en Irak, lo que permitió informar a la opinión pública sobre los recursos invertidos en dichas acciones.