Con el objetivo de conocer las metas y desafíos que plantea el Consejo para la Transparencia, la Facultad de Comunicaciones dedicó la pasada sesión de Viernes de medios a discutir las implicancias que traerá este organismo, que tiene por fin resguardar el derecho de los ciudadanos a obtener información pública y que, en concreto, significa una modernización del Estado y sus  mecanismos de información.

De izquierda a derecha: Guillermo Turner, ministro Viera Gallo, Eduardo Arriagada, Abraham Santibáñez y Moisés Sánchez.

Los análisis se realizaron en un panel integrado por José Antonio Viera-Gallo,  ministro secretario general de la presidencia; Abraham Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas; Guillermo Turner, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP; Moisés Sánchez, Director de la Fundación Pro-Acceso y el profesor Eduardo Arriagada, quien moderó el espacio.

El primero en tomar la palabra fue el ministro Viera Gallo quien declaró que las principales cualidades de este organismo autónomo, radican en su capacidad de cumplir el constante "anhelo de controlar  a las autoridades". Según el secretario de Estado, a través de la incorporación en la práctica de conceptos como la Transparencia Pasiva (entrega de información por parte del Estado) y la Transparencia Activa (derecho de los ciudadanos a exigir datos), este organismo, en primer lugar, reforzará  la opinión pública y, en segundo lugar, aprovechará el avance de las tecnologías para ofrecer sus herramientas, escencialmente la web, como fuente primaria de información.  De esta forma,  se pretende dar un importante cambio en nuestra sociedad: "Pasar de la cultura del secretismo a la de la publicidad", según afirmó Viera-Gallo.

Tanto Guillermo Turner como Abraham Santibáñez coincideron en que esta herramienta otorgará, en teoría, importantes beneficios a la labor periodística, precisamente para el trabajo en el periodismo interpretativo o de investigación que no se encuentra muy desarrollado en Chile.

De igual manera, destacaron que el principal desafío se encontrará en la relación con el público, ya que se asume que éste comenzará a estar más informado.

Otro factor mencionado por Moisés Sánchez es el relativo a qué tipo de información pueden exigir los ciudadanos y periodistas. Este punto, también tocado por Viera Gallo, revela la necesidad de definir precisamente los límites entre información pública y de reserva.

La ley enumera las cuatro causales de reserva:  la información será reservada cuando su conocimiento vaya contra el interés nacional, contra la seguridad nacional, cuando impida el funcionamiento de un organismo del Estado o cuando lesione los derechos de terceros. 

El Consejo para la Transparencia estará integrado por cuatro miembros ya propuestos por el Gobierno y que deben ser aprobados por el Senado la primera semana de octubre.  Empezará a funcionar el 29 de abril de 2009.