Roberto Saba - Argentina
Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
¿Cual es la relación establecida entre la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Pro Acceso?
A nivel institucional el ADC está trabajando en alianza con Pro Acceso en varios temas de interés común, pero sobre todo en materia de libertad de expresión y de acceso a la información. Creemos que mucho del trabajo que emprendemos a nivel nacional se puede fortalecer si se logran avances en otros países de la región, como por ejemplo si se aprobara el proyecto de acceso a la información que se tramita acá en Chile sería muy útil para avanzar en esa discusión en Argentina, para demostrar que estas metas no son imposibles de lograr.
¿Cómo ve a la región en materia de acceso a la información pública?
Uno de los países más institucionalizado en la materia y que ha logrado no solo una ley bastante buena, a nivel local y estatal, es México, que logró consolidar un Instituto encargado de velar por el acceso a la información, que cuenta con un importante presupuesto y con una gran independencia.
Otro país que ha avanzado considerablemente en términos legislativos, aunque no se si en la practica, es Perú.
Pero más allá de estos dos ejemplos, yo diría que la situación en América Latina no es excelente en la entrega de información, tanto porque salvo estos países y otros como Ecuador, República Dominicana y ahora Nicaragua, en general el resto de la región no cuenta con legislaciones apropiadas y mucho menos con instituciones eficaces.
¿Qué te pareció este seminario organizado por Pro Acceso?
Este seminario apunta a un objetivo muy específico, y creo que eso es lo valioso, que es el de la utilización de una estrategia, de una herramienta de trabajo de las organizaciones que es el litigio en los tribunales para reclamar por el derecho a la información. Creo que lo interesante es que estamos explorando formas de usar el litigio eficazmente para producir cambios en prácticas de gobierno y en legislación aprendiendo mutuamente de las experiencias de todos los que asistimos al seminario y que hacemos litigio, pero que seguramente lo podemos mejorar.
Ricardo Corcuera - Perú
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
¿Qué acciones en materia de acceso a la información se están llevando a cabo en Perú?
Yo presido una ONG que se llama IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), integrada principalmente por periodistas encargados de proteger la libertad de expresión y el acceso a la información pública a través de diferentes acciones. Por ejemplo, apoyamos a la sociedad civil o a periodistas para que puedan ejercer sus derechos, también ofrecemos capacitación a aquellas personas para que puedan hacer valer correctamente sus derechos, en el caso de los periodistas enseñándoles como deben hacer su labor periodística para que luego no sean perjudicados con procesos judiciales en su contra. También capacitamos a funcionarios públicos que son los responsables de entregar la información de las distintas entidades, a jueces y fiscales porque nos damos cuenta que muchas veces cuando tienen que resolver este tipo de procesos no saben qué normas aplicar ni cómo interpretar correctamente las leyes que regulan la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
¿Cuáles han sido los últimos avances que ha tenido Perú en materia de acceso a la información?
En el caso concreto de derecho de acceso a la información pública, IPYS participó directamente con la comisión del Congreso que elaboró la ley de transparencia. Es por eso que nosotros tenemos muchos aportes para entregar acá a Chile, que es un país que está a las puertas de elaborar su ley. Otro avance importante es que IPYS está trabajando con muchas entidades públicas en la labor de implementación de la ley, porque la ley se puede aprobar pero la mayor preocupación es la implementación eficiente, pues las entidades públicas no solo deben cumplir la norma, sino además diseñar los mecanismos internos para que una persona pueda acceder de forma expedita a la información.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Lo más interesante es poder recoger las diferentes opiniones que existen al respecto y apuntar a una estrategia común en materia de acceso a la información pública. Y lo otro que es muy importante son los referentes como el de Chile con el caso "Claude v/s Chile", que ojalá a futuro cualquier tipo de iniciativa que sea presentada ante una comisión interamericana pueda contar con el respaldo y la coordinación con los demás países, para que no sean actividades aisladas que finalmente no prosperen.
Ezequiel Santagada - Paraguay
Abogado del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA)
¿Cuál es la situación en Paraguay en cuanto acceso a la información pública?
Es una historia, en cierto sentido, reciente. Comienza en 2001 con un proyecto de ley de acceso a la información pública que luego terminó siendo un proyecto de "ley mordaza", porque era absolutamente restrictivo en el acceso a la información. Ahí es donde empezó un movimiento de organizaciones de la sociedad civil que se unieron circunstancialmente en pos de la derogación de ese proyecto, lo lograron en tres meses, y ahí quedó instalado, en cierto sentido, el tema. Todo este movimiento social y esa unión de distintas organizaciones que lucharon en contra de esta ley decantaron en la conformación de un grupo impulsor de acceso a la información pública, que comenzó para mantener el tema instalado en los medios, y luego derivó en una labor de proponer un proyecto de ley que haga efectivo el derecho constitucional de acceder a la información pública. Así se hizo, y estas 40 organizaciones trabajaron durante un año y medio con un sub grupo legal donde se hizo consultas a los principales juristas del país y fue dirigido por un grupo de abogados en representación de la sociedad civil. Después de un año y medio de debates y de muchas consultas con colegas del exterior se logró concensuar un ante proyecto, el cual fue presentado a la Cámara de Diputados y fue revisado por representantes de los distintos partidos políticos. Lo interesante es que fue el único proyecto que ha tenido una acogida tan transversal y masiva, tanto así que superó el máximo de firmas que permite el propio reglamento del Congreso Nacional. Por lo mismo, se aprobó sin mayores inconvenientes y con modificaciones sumamente progresistas por parte de esta cámara en diciembre del año 2005. Luego del receso parlamentario fue tratado en el Senado y ahí no tuvo suerte. Fue rechazado porque supuestamente se decía que era una nueva "ley mordaza" porque reglamentaba el acceso a la información pública y podía llegar a ser visto como una reglamentación del derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo. Escondía, por supuesto, los intereses políticos de uno de los principales medios del país: el diario ABC Color, que paradójicamente fue uno de los medios más perseguidos durante la dictadura stronista y actualmente tiene actitudes excesivamente conservadoras y reaccionarias. Finalmente este rechazo del Senado remitió el proyecto a la Cámara de Diputados y faltaron votos para seguir su trámite parlamentario.
Eso derivó en la ruptura del proyecto y a la dispersión de las organizaciones que se habían unido inicialmente. Sin embargo, algunas de esas organizaciones quisimos mantener la lucha pero esta vez de la mano del Defensor del Pueblo, que es el órgano encargado de velar por los derechos humanos. Así, en febrero de este año se creó un Centro de Acceso a la Información Pública que se dedica a fortalecer esta actividad mediante su promoción y eliminando la cultura del secretismo de las entidades estatales.
¿Hay algún país de Latinoamérica que hayan tomado como referente?
La experiencia mexicana es ineludible. Tomamos varios aspectos de los avances que ha tenido ese país y los adaptamos a la realidad paraguaya. De argentina hemos extraído su experiencia en materia de litigio. También tuvimos como referencia la ley peruana, que puede no ser tan buena, pero es un paso importante. Y sobre todo hemos tratado de hacer un trabajo de derecho comparado en la región para crear conciencia de la importancia del derecho de acceso a la información.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Excelente. Sobre todo porque yo lo que venía a buscar era información y recolectar las experiencias y mejores prácticas y estoy sumamente saciado con esto. Me llevo muchísimas ideas para implementar en Paraguay y la conexión con los distintos países a futuro.
Issa Luna - México
Directora Ejecutiva del Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA)
¿Cómo surge el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y cuál es su repercusión en la región?
El IFAI se crea a partir de la ley de transparencia en México y de la falta de credibilidad de los mexicanos hacia sus instituciones judiciales, por lo que se necesita crear un organismo que esté dotado de esa credibilidad para poder definir cuál es la información reservada y la información abierta. Y además para que estuviera del lado de los ciudadanos ante la autoridad y favoreciera la publicidad de la información.
Entonces, estas características que mencioné son replicables en el resto de Latinoamérica, y la necesidad de crear figuras nuevas que tengan legitimidad propia es exactamente la misma en todos los países de la región donde tenemos un enorme nivel de falta de confianza en nuestras instituciones, por lo que es necesario contribuir a la creación de estas instituciones que hacen un aporte tan importante a la democracia como lo es la transparencia.
¿Quiénes promovieron la constitución de este organismo?
Está propuesto por esta ley de transparencia que fue promovida por un grupo de ciudadanos, en el cual yo participé, que también tenía participación de los medios de comunicación, de editores de periódicos en particular, y de políticos, especialmente de legisladores interesados en esta iniciativa.
¿Cómo ves la situación actual de América Latina?
Creo que la experiencia mexicana influye mucho en que se avance en el resto de América Latina, porque fue una de las leyes pioneras y que fue llevada por la sociedad civil por lo que tiene impreso un sello muy importante de justicia social. Y en otros países, lo que hemos visto, es que como no se puede lograr ese estándar de justicia social entonces se traduce en políticas de transparencia que el gobierno gratuitamente le da a sus ciudadanos en un ánimo de favoritismo. Pero lo más importante es que en la región ahora se debate cuales son esos estándares importantes que deben contener las leyes. Y en ese sentido, Chile ya está en una disposición más abierta a lograr esos objetivos.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Me parece que ha sido muy útil, sobre todo la actividad enfocada al intercambio de experiencias en litigio. Pero hasta el momento mi mayor ganancia en este evento ha sido conocer las mejores prácticas de jurisprudencia en otros países y los casos que han sido más relevantes en la región.
Andrés Mejías - Colombia
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
¿Cuál es la situación actual de Colombia en materia de acceso a la información?
El acceso a la información pública en Colombia se materializa a través del derecho a petición, que es un instrumento muy sencillo que se encuentra en el artículo 23 de la Constitución y la gente lo utiliza muchísimo sobre todo para satisfacer sus necesidades personales como la búsqueda de medicamentos para el sida o para obtener pensiones, etc. Si las autoridades no responden a este derecho tienen la acción de tutela, que es el mecanismo para hacer respetar el derecho a petición y los derechos fundamentales y es una acción muy simple que no requiere dinero ni abogados, se interpone ante cualquier juez de la república y es un trámite abreviado en el cual se tienen aproximadamente diez días para resolver con varias instancias. De no ser otorgada pasa a un procedimiento de revisión en la corte constitucional, y en virtud de esa revisión es que se ha desarrollado ya una jurisprudencia sobre acceso a la información.
Pese a que el proceso es bastante expedito, aún en Colombia no existe una cultura social de petición de información de interés colectivo, ciudadano, ni siquiera por parte de los medios de comunicación. La mayoría de las peticiones son de particulares para satisfacer sus necesidades básicas.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Ha sido muy interesante este seminario. Es la tercera reunión de litigio de acceso a la información en la que participo y es muy enriquecedor volver a encontrarse con estas personas y ver los avances que se han logrado, como el de este caso de "Claude v/s Chile", esperando que podamos ayudar a una estrategia regional de litigio y a que se den más casos como este.
Julio Jurado - Costa Rica
Abogado
¿Cuál es la realidad de Costa Rica en acceso a la información pública?
Costa Rica tiene una garantía constitucional que protege el derecho de acceso a la información pública. No tiene ley de desarrollo de esa disposición, pero otorga la posibilidad de tutelar ese derecho ante la jurisdicción constitucional, a pedir un recurso de amparo, que es un proceso bastante expedito que ha permitido que la sala constitucional, que es en la practica nuestro tribunal constitucional, haya desarrollado una importante jurisprudencia en relación con el derecho al acceso, definiendo sus contenidos, sus límites, las exclusiones, etc. Y lo ha hecho en un sentido bastante pro derecho y con base en esa jurisprudencia hay una buena tutela del derecho.
Ha sido utilizado fundamentalmente por los periodistas, cuando de alguna manera están recabando información para una investigación y se topan con alguna negativa de una oficina pública. Poniendo un recurso de amparo han logrado que la sala los proteja.
¿Hay conciencia ciudadana de la importancia del derecho de acceso a la información? Yo diría que hay poca. Incluso hay mucho desconocimiento. Actualmente todos aquellos que hacen uso de este derecho son personas que por su trabajo, o motivos parecidos, deben acceder a información pública, como en el caso de los periodistas. Por esto mismo, no ha habido mucho interés en promover una ley.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Me ha parecido muy bueno, el intercambio de experiencias siempre es enriquecedor, y para mí en lo particular ha significado un gran aprendizaje.
Carlos Correa - Venezuela
Director Ejecutivo de Espacio Público
¿Cuál es la realidad venezolana en materia de acceso a la información?
En términos concretos el acceso a la información pública en Venezuela es muy restringido. En líneas generales ha habido una serie de políticas recientes que para los sujetos profesionales que son usuarios del acceso a la información, como los periodistas, ha habido mayor prohibición.
¿Esta restricción tiene que ver con las políticas implementadas por el presidente Chávez o es una condición histórica de Venezuela?
Yo creo que a partir de la desconfianza que desde el gobierno existe a cualquier actor que no es tan cercano, especialmente después del 2002, ha habido como una restricción del acceso a la información porque se sospecha que todo solicitante va, de alguna manera, con mala intención. Eso es lo que ha imperado en el último tiempo junto con desordenes asociados a la propia dinámica institucional.
Creo que en el gobierno de Chávez se ha agudizado y ha habido más opacidad en la gestión pública.
¿Cuál es la acción que debe seguir aquel que quiera acceder a información pública en Venezuela?
La prensa accede a la información, generalmente, por vías informales como en todas partes. En cuanto a garantías legales, como está consagrado en la constitución, existe la posibilidad de una exigencia por la vía del derecho de amparo o tutela, pero como hay muchísima desconfianza a la dinámica institucional, mucha gente no lo hace. Entonces, lo que queremos es promover que haya una demanda formalizada que permita avanzar hacia una institucionalización de una política de transparencia. Pero en líneas generales las opciones son pedir la información y exigirla en cuanto que es un derecho.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Esta es una oportunidad visualizar los procesos de los diferentes países, en este caso por estar acá en Chile hemos tenido la posibilidad de conocer detalles del proceso que se vive aquí y nos sirve de inspiración y para la interconexión de las organizaciones que trabajan el tema en el hemisferio.
María Edilia Serrano - Nicaragua
¿En qué situación se encuentra Nicaragua en materia de acceso a la información?
En Nicaragua recién el mes pasado (mayo) tuvimos la promulgación de la Ley de Acceso a la Información, entonces estamos inaugurando, por decirlo de algún modo, esta ley después de dos años y medio de trabajo continuo de la sociedad civil para impulsar, para presentar propuestas a los diputados de la Asamblea Nacional, discutir de cerca con ellos, etc. Esta ley, en términos generales, podemos decir que cumple con los estándares mínimos, aunque tiene algunos aspectos todavía débiles sobre todo en cuanto a esa entidad intermedia de carácter administrativo que tiene que crearse para supervisar toda la labor en materia de acceso y para servir de instancia de apelación. Eso, aunque quedó establecido en la ley, está muy débil pues no se dice por quienes y como va a estar integrada, que rango va a tener, no se establece cuales son los requisitos de idoneidad para la selección de sus miembros, quien los nombra, etc. Todos estos aspectos quedaron para establecerse en el reglamento y eso lo consideramos una flaqueza. Un aspecto que ha sido bien controversial, es un artículo que se introdujo donde de alguna manera se regula la función del periodismo, vale decir, se hace referencia a los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones mencionando que tiene que ser una información responsable, veraz, oportuna y debidamente contrastada con las fuentes pertinentes, lo que ha creado mucho malestar pues el periodismo se siente intimidado en una ley de acceso que no debería hacer ningún tipo de distinción porque no es una ley para un gremio en particular, sino una ley amplia en cuanto al sujeto activo.
¿Quiénes están promoviendo el acceso a la información?
Este es un esfuerzo que en Nicaragua lleva más de una década, pero hace unos 3 años la sociedad civil se organizó en lo que llamamos el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, hicimos un grupo integrado por unas 15 organizaciones, algunas entidades públicas, por ejemplo contamos con la participación de la Secretaría de Comunicación Estratégica de la Presidencia de la República, con el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social que es el órgano consultivo del Presidente, la Oficina de Ética Pública que tiene que ver con todo lo que es probidad, entre otras.
Contamos con un gran apoyo del gobierno anterior durante toda la etapa propositiva. Este nuevo gobierno que funciona desde el 10 de enero pasado, todavía no se ha hecho presente en las reuniones. Vamos a volverlos a invitar, por lo menos la Oficina de Ética Pública ya se reintegró al grupo, también la Procuraduría de Derechos Humanos, en especial el Procurador para el acceso a la información.
¿Cuentan con apoyo internacional?
Si, hemos recibido fondos de distintas organizaciones y apoyo en cuanto a asesoría y acompañamiento a todo el grupo. Por ejemplo el Centro Carter estuvo en un momento ayudándonos con asistencia a través de expertos y el Doctor Ernesto Villanueva estuvo en Nicaragua compartiéndonos la experiencia mexicana.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Me ha encantado, porque a nosotros nos ha enriquecido mucho, pues encuentros como estos nos proveen de conocimiento en materia de acceso y nos da también una idea claro de cómo se está tratando este tema a nivel internacional. Por ejemplo, muchos de los temas que se trataron sobre las declaraciones de probidad, sobre las deliberaciones en proceso y sobre el órgano rector, que han sido temas controversiales en Nicaragua, se han debatido en esta ocasión con expertos con gran experiencia, pues muchos de ellos pertenecen a países que están más avanzados. Yo estoy fascinada con el taller porque nos ha permitido un intercambio muy beneficioso.
Julisa Estrada - Panamá
Abogada - Alianza Ciudadana Pro Justicia
¿En qué está Panamá en materia de acceso a la información pública?
Nosotros en Panamá tenemos una ley de transparencia que establece el recurso de Habeas Data desde el año 2002, pero hace falta reglamentarla para establecer el ente, entre otras cosas, encargado de monitorear el tema del acceso a la información. Adicionalmente es importante continuar con el tema de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de ejercer este derecho de pedir la información pública y capacitar a todos los funcionarios y servidores públicos que tienen la obligación de suministrarla, porque si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado el pedido de información por parte de los ciudadanos, también es cierto que muchas veces no se da respuesta por parte de las autoridades pertinentes sin justificar si es una información de tipo confidencial o de acceso restringido. Por eso es que a veces es un poco complicado, a pesar que no se requiera de abogado, acudir a las instancias judiciales para hacer uso del habeas data. El otro tema a nivel de este mismo recurso, es que es de vía judicial, es decir, que se presenta en los tribunales superiores o en el pleno de la Corte Suprema de Justicia dependiendo de la jurisdicción del funcionario que ha negado la información, por lo que nosotros queremos hacer un estudio más profundo sobre el tema del habeas data, porque si bien es cierto que ha aumentado su utilización, el porcentaje de admisión del recurso es muy inferior.
¿Hay preocupación por parte del gobierno de avanzar en este tema?
Sí, hay una importante apertura por parte del gobierno actual. De hecho, nosotros en el periodo de la presidencia de Mireya Moscoso escribimos un reglamento a la ley de transparencia, pero resultó que este documento iba mucho más allá de lo que establecía la ley, y en vez de complementarla y modificarla, lo que hacía era restringir la cantidad de información a la cual el ciudadano podía acceder. En ese sentido, bajo las presiones de la sociedad civil y con el respaldo del gobierno actual (de Martín Torrijos), se pudo derogar ese decreto ejecutivo.
Claro que es indiscutible una mayor apertura por parte de los funcionarios públicos, pero aún se requiere sensibilizar a nivel de ciertas instancias porque todavía sigue siendo muy difícil acceder a información relevante, por ejemplo, del poder judicial. Cuando en el seminario se hablaba de las declaraciones de bienes patrimoniales, que es la información que establece la ley que es de carácter público, nos damos cuenta de lo que nos falta en nuestro país. Para nosotros, como organización de la sociedad civil de Panamá, cuando quisimos acceder solamente al listado de quienes cumplen con esa norma, no se nos proporcionó dicha información, lo que constituye una contradicción por parte de algunas instancias gubernamentales de autoridades muy puntuales.
¿Cómo se comportan los panameños al ejercer su derecho de acceso a la información?
A diferencia de lo que sucede en el resto de los países de la región, muchas veces el ciudadano no sabe que usa de este derecho fundamental. Por otro lado, muchas veces lo mira como una vía para obtener un beneficio particular y no con un interés colectivo. Sin embargo, a parte de nuestra coalición que la conforman varias organizaciones, universidades, gremios, etc., también está Transparencia Internacional Capítulo de Panamá y la Defensoría del Pueblo, que están impulsando esta temática. Pese a estas importantes instancias, a nosotros nos parece que hay que seguir insistiendo en la toma de conciencia de la ciudadanía de la importancia de hacer uso de este derecho, pues en la actualidad quienes más presentan el recurso de habeas data son los abogados, haciéndolo a título personal o en busca de material para una mejor defensa de su cliente. Por esto se hace absolutamente necesario contar con un organismo con dedicación exclusiva en el tema, que pueda fiscalizar la entrega oportuna de la información y a la vez motivar y asesorar al ciudadano común a pedir información pública.
¿Qué te ha parecido este seminario organizado por Pro Acceso?
Ha sido excelente, sobre todo porque es un gran esfuerzo para tratar de aprender un poco más de la realidad de los diferentes países y tomar aquellas cuestiones positivas para poder aplicarlas a la realidad, en este caso, de Panamá, y por otra parte, poder precisar y analizar algunos inconvenientes que se presentaron en los procesos de los países de la región y evitar que se repitan. Otro aspecto interesante es el desafío de trabajar en conjunto de forma armónica para seguir aunando esfuerzos logrando verdaderamente que el acceso a la información pública se considere, no solo de forma constitucional o legal, sino que en la práctica se institucionalice de la mejor manera.
